Cifras del Ministerio Público (MP) revelan que hasta julio pasado se habían reportado 318 homicidios en todo el país, y que 257 de ellos, es decir el 81%, se cometió con armas de fuego, lo que según criminólogos revela una proliferación de armas en las calles.
Para Severino Mejía, criminólogo y asesor del Ministerio de la Presidencia, la mayoría de las armas que están circulando entre las bandas delincuenciales criollas son obtenidas como pago por el trasiego de droga producto de los cargamentos manejados por los carteles.
Mejía también narra que existe un mercado negro en el que las armas son alquiladas para el sicariato y luego son devueltas y alquiladas por otros grupos, por lo que una misma pistola puede estar relacionada con uno o más hechos delictivos.
Recalca que estas armas se rotan entre los grupos criminales, y si se trata de pistolas viejas, puede que sean vendidas a bajos precios. Pero, si son nuevas, su rentabilidad aumenta con el alquiler.
Mejía dice que la veda impuesta en 2011 para la introducción y venta de armas, estrategia que se extendió por nueve años, provocó un tráfico ilegal que llegó desde Centroamérica.
A su juicio, esa restricción “en ningún momento” incidió en la reducción de los homicidios.
Por su parte, Rodolfo Aguilera Franceschi, quien fungió como ministro de Seguridad Pública, durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), plantea que se requiere de una política criminológica bien definida para bajar el número de homicidios que se registran en el país, y principalmente en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, y Chiriquí.
Aguilera considera que las regulaciones para la obtención de un permiso para portar armas son muy exiguas, pues solo se pide un certificado de salud psicológica muy básico, en el que no se aplican test amplios para descubrir a los sujetos violentos.
“Durante mi gestión elaboré un proyecto de ley para presentarlo ante la Asamblea Nacional en el que se establecen nuevas pautas para poder portar un arma de fuego, pero esta iniciativa no se pudo concretar”, añade.
Estima necesario que se haga un trabajo de inteligencia para establecer la procedencia de las armas de fuego que están en las calles.
Las víctimas de las balas
La información del Ministerio Público también revela que entre julio de 2020 y 2021 hay una diferencia de tres homicidios.
En julio del 2020 hubo 315, y en 2021 se cometieron 318, pero, estos dos años tienen un común denominador: buena parte de las víctimas fueron personas entre 18 y 24 años de edad. De los 318 crímenes cometidos hasta julio, 60 ciudadanos tenían esas edades.
Las cifras también demuestran que hasta julio de este año, el 92% de los muertos por disparos fueron hombres.
Las tres áreas del país con el mayor número de asesinatos son las provincias de Panamá (100), Colón (68), y Panamá Oeste (42).
‘Falta trazabilidad’
Por su parte, el perito forense en balística y ex detective de la Policía Técnica Judicial (PTJ), David Villarreal, asegura que si bien destruir las armas incautadas es una acción necesaria para que no sean usadas nuevamente, esto no es suficiente.
A su juicio, las autoridades deben hacer un trabajo de trazabilidad cada vez que decomisan un arma de fuego, ya que es muy probable que haya sido usada en un crimen, y sin esta verificación se deja de investigar el delito.
Explica que cada arma de fuego debe tener un registro, y un número de serie. Además, existen equipos que permiten precisar su rastreo. Villarreal recuerda que en la práctica forense se ha descubierto que el arma más usada por los delincuentes son pistolas tipo Glock, cuyo costo oscila entre los $3 mil y $4 mil.
También se han detectado pistolas tipo Five-seveN, para uso militar, y conocidas como ‘mata policías’. Estas son capaces de penetrar un chaleco antibala.
