Una importante conmoción en la opinión pública han causado las declaraciones que dio a la periodista Flor Mizrachi en el Knockout del pasado domingo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado del partido Molirena Tito Rodríguez.
Las respuestas del diputado Rodríguez describieron con lujo de detalles el sórdido mundo de las transacciones políticas y del funcionamiento de la Asamblea Nacional. De forma franca y cándida, el político reconoció el nombramientos de familiares y la propiedad de empresas constructoras, y además aceptó la existencia de una cuota de nombramientos en el gobierno para su partido –a cargo del diputado Francisco Alemán–, específicamente en la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
En un país serio, esto habría provocado la reacción de todos los órganos de control del Estado, empezando por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Fiscalía General Electoral y hasta la Defensoría del Pueblo.
‘Notitia criminis’
Para entender el rango de las presuntas ofensas que las declaraciones del diputado parecen indicar, basta empezar por la Constitución Política, que en el artículo 158 establece: “Los Diputados no podrán hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas, contrato alguno con Órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos Órganos, instituciones o empresas”.
Esta prohibición constitucional parece evadida por las propias declaraciones del diputado Rodríguez a la periodista Mizrachi:
¿Por qué usted no presentó declaración de bienes ni de intereses?
Porque no tenía nada.
Y, ¿sus dos constructoras?
Bueno, pero yo no aparezco.
Antes, el diputado reconoció que se le asignaron fondos públicos para la realización de “proyectitos” que implican la contratación de empresas de construcción:
¿Cuánto ‘apoyo’ recibe ahora?
Nos apoyan con proyectitos: por ejemplo, yo tengo 128 calles por $30 millones.
Correspondería a las autoridades investigar el uso de fondos públicos para presuntamente contratar constructoras ligadas un diputado.
La figura penal que tipifica esta posible conducta en el Código Penal, dice: “Artículo 338. El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a diez años.
Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00) o si el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de ocho a quince años de prisión”.
El Código Penal no se agota con el señalamiento del posible uso de fondos públicos para presuntamente contratar empresas constructoras posiblemente vinculadas a un diputado, lo cual debe ser investigado para aclarar cualquier sospecha y cuestionamiento.
Además, el vicepresidente de la Asamblea Nacional reconoció que no ha sido todo lo cuidadoso con los fondos públicos en contrataciones de la propia entidad.
¿Por qué necesitan ustedes agua con gas, cuando tantos panameños ni siquiera tienen agua potable?
Tomamos de la de botellita. La de agua con gas no sé dónde está.
Peor: usted es el vicepresidente.
Ahí pasan cosas que en la directiva no nos enteramos. Ahí manda el presidente.
Pero usted, como vicepresidente, firma muchas de las contrataciones.
Sí...
¿Por qué comprar basureros a más del doble de lo que lo paga un particular?
No he visto eso.
Sodas, boquitas… miles y miles. ¿Aún cree que son ‘guayabitas’, como dijo?
Me refería a un chequecito de $40 mil en comida. Nada en comparación con lo que se están llevando en otros lados.
O sea, que están robando.
Hay muchas sospechas de movimientos negativos en contra del fisco…
Comida para las sesiones virtuales. ¿A santo de qué?
Voy a revisarlo.
Cortinas, ¿urgentes en pandemia?
No tanto.
Pediluvios a $88. ¿Negocio de quién?
Exigencias del Minsa… No apoyo eso.
Pero usted firma órdenes de compra...
Toca… Si no, todo se paraliza.
En estas declaraciones, el diputado admite la posibilidad de que el objeto del gasto público no sea correcto y que los fondos producto de los impuestos no estén siendo administrados con la diligencia de “un buen padre de familia”. Aquí se puede inferir que se reitera la conducta contenida en el artículo 338 del Código Penal.
Un mundo aparte
Rodríguez también describe en sus declaraciones las transacciones que realiza el liderazgo del menor partido político que participa de la alianza del gobierno actual. Algunas de estas escabrosas descripciones conllevan otra carga normativa, como las descritas en el artículo 463 del Código Electoral, que dice: “Se sancionará con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de uno a dos años, a los que:
1. Coarten el derecho de libre inscripción y de renuncia de un partido legalmente constituido o en formación.
2. Paguen, prometan pagar, reciban dinero o cualquier otro tipo de objetos materiales, por inscribirse o renunciar de un partido legalmente constituido o en formación”.
Según el Tribunal Electoral, el Molirena tiene 98,093 miembros inscritos. Este dato es importante para entender el siguiente intercambio entre Rodríguez y Mizrachi:
Por cada 50 inscritos, Molirena recibe un cargo en el gobierno. ¿Cierto o no?
Eso es en San Miguelito con Pancho, no en todos lados.
¿A cuánta gente tiene nombrada en su despacho y en la vicepresidencia?
Tres en la vicepresidencia. Y en mi planilla no sé... Como 20. Nos dan $20 mil.
Y, ¿fuera de la Asamblea?
En Mingob, mi exesposa. Mi esposa, en la Lotería. Y un cuñado en la Lotería, pero lo sacaron por falta de confianza.
Y, ¿quién más?
En mi sector, por la descentralización, iba a ir una dirección de la Lotería. Eran 40 funcionarios míos, y Pancho no quiso darme la fuerza. Él tiene el nombramiento de todas las loterías a nivel nacional.
¿A quién más tiene nombrado?
Gente que hizo campaña, en juntas comunales. Y ya. Estoy esperando que me nombren más gente en la Lotería, pero con esta guerra interna…
El aspecto más relevante de esta confesión es la confirmación de las designaciones a cargos públicos por paquetes. Le bastaría a la Fiscalía General Electoral verificar que los adherentes del Molirena designados en esos cargos no se inscribieron a cambio de esa oferta.
Sin embargo, la caracterización electoral de esa conducta no es la única tarea pendiente de los organismos de control del Estado. La Contraloría General de la República debería verificar que no se está repitiendo el fenómeno ocurrido con los nombramientos realizados por los diputados en periodos anteriores: las famosas planillas cash back, en las que personas nombradas por un diputado devolvían parte de esos salarios a su benefactor.
Una hecatombe política en desarrollo
Más allá de las posibles conductas infractoras indicadas, que hipotéticamente terminarían siendo procesadas por una Corte Suprema de Justicia cada vez más renuente a juzgar diputados, lo dicho por Rodríguez es el parte de guerra desde una trinchera en la que un operador político debe funcionar dentro del entramado de una estructura de gobierno que fomenta el parasitismo político y clientelismo electoral.
Como lo reconoció el diputado, su deber es perseguir la reelección y facilitar los arreglos interpartidarios de una Asamblea Nacional disfuncional. Las reglas del juego político panameño están peligrosamente desfasadas y desactualizadas, lo que acerca al país al escenario de otro juego: “¿Quién da más?”, que sería la etapa terminal de una democracia que se la rifó con operadores políticos dispuestos a venderlo todo.
Sin principios ni ideologías, los partidos políticos no sobreviven y las democracias fenecen.
