Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012, a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria o currículum sugerente, con la excepción de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, el antiguo zar del petróleo venezolano.
Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió $55 millones girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues 10 días después recibió otros $880 mil de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello —identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street— recibiría solo de ese cliente hasta $106 millones, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA.
Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta $2 mil millones entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban —y a través de ellos, lograban, como la CAMC— ser contratistas de la otrora poderosa estatal Pdvsa.
A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11.9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países —incluido Armando.info, por Venezuela—.
Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importante del país, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares.
BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en el sureste de la capital. Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta.
Los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no son mencionadas en la pesquisa del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red —entre las identificadas por el expediente en Andorra y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete—, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas hay “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.