La propuesta del presidente Laurentino Cortizo de reducir el salario a un grupo de funcionarios para ayudar económicamente al plan Panamá Solidario, se estancó en la Asamblea Nacional.
Aunque los diputados empezaron la discusión del proyecto de ley en segundo debate durante los primeros días del mes de agosto, los oficialistas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), así como del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista e, incluso, del partido Cambio Democrático, se oponen a la iniciativa.
Fuentes legislativas contaron a este medio que se acordó dejar el tema en pausa, y esperar a que el país vuelva a la “normalidad”.
Con anterioridad, varios diputados advirtieron que la propuesta es “inconstitucional”, pese a que el procurador de la Administración, Rigoberto González, aseguró que la reducción salarial, la eliminación de los gastos de representación y de otros emolumentos de los funcionarios, son viables siempre que se haga mediante ley.
Ahora los diputados oficialistas evitan el tema. Este medio consultó, por ejemplo, al perredista Leandro Ávila sobre el asunto, pero afirmó que desconocía por qué se detuvo la discusión en el pleno. También se le preguntó al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, pero no contestó.
Y, ¿la otra opción?
La propuesta de Cortizo plantea una disminución en el salario y los gastos de representación de 50% para él y su vicepresidente, y de 25% para ministros, viceministros y directores de entidades, entre otros.
Los diputados iniciaron la discusión del proyecto 356 en segundo debate, luego de que Cortizo afirmara que él confiaba en que la Asamblea aprobaría la propuesta. Precisamente, ese día, el mandatario manifestó que si veía que la iniciativa se dilataba, no tenía ningún problema en hacer los descuentos de manera voluntaria.
Este proyecto fue uno de los anuncios de Cortizo el pasado 1 de julio, durante su informe a la nación en la Asamblea.
Mientras eso ocurre, en el sector privado, miles de trabajadores han perdido su empleo, tienen el contrato suspendido o sus ingresos se han reducido hasta en un 50%, debido a las medidas de cierre de empresa y actividades económicas decretadas por el Ejecutivo, en medio de la pandemia. Estas medidas laborales no se aplicaron en el sector público.