NEW BUSINESS

El Estado ahora tiene el 30% del grupo Epasa

El Estado ahora tiene el 30% del grupo Epasa
Por el caso New Business, el expresidente Ricardo Martinelli fue imputado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Archivo


Las conclusiones sobre la investigación del caso New Business (vista fiscal) ya están en el Órgano Judicial. El Ministerio Público (MP) informó ayer que por este proceso pidió enjuiciar a 25 personas y sobreseer a 9.

Esta investigación le sigue el rastro a la compra de Editorial Panamá América S.A. (Epasa) con supuestos fondos públicos. El hecho ocurrió en 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).

El comunicado del MP no detalló los nombres de los imputados para quienes la fiscalía pidió encausamiento criminal ni de aquellos para quienes solicitó sobreseimiento.

El último párrafo de la nota de prensa da a conocer un dato relevante: el Estado ahora es dueño del 30% del grupo editorial.

Esto es así porque, según explicó el Ministerio Público, se pudo establecer que se transfirieron, a través de un complejo esquema, $43.9 millones para la compra del grupo y se logró recuperar $9.2 millones “en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional”.

Según el comunicado, esta transacción “representa la recuperación del 30% de las acciones del Grupo Editorial para el Estado”.

La maniobra financiera genera dudas. ¿De qué le sirve al Estado el 30% de las acciones de una empresa controlada por Martinelli?, se preguntan algunos. Mientras, el abogado Rosendo Rivera preguntó ayer en su cuenta de Twitter: “¿Y si mandamos una petición @PanamaAmerica preguntando si @rmartinelli fue indagado en este caso? Seguro contestarán que no. Así como quiso evadir caso pinchazos, intentó hacerlo en New Business, allá lo acusaron por hacerse el vivo, ¡ahora piden llamamiento por hacerse el loco!”

Martinelli fue llamado a indagatoria por este caso el 2 de julio de 2020. Sin embargo, cuando acudió a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada –que lleva el caso– se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo y alegó que lo amparaba el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos.

Más adelante, el fiscal Emeldo Márquez –a cargo de la pesquisa– aseguró en un escrito que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de perseguir los delitos, para lo que debe practicar diligencias sumariales que resulten pertinentes y útiles para comprobar la existencia del hecho punible.

Márquez también destacó la pluralidad de hechos investigados que, dijo, “tienen rasgos transnacionales”, ya que varias de las transferencias de dinero se realizaron desde jurisdicciones extranjeras. También manifestó que el expediente “maneja gran cantidad de personas vinculadas” y ponderó la gravedad del delito investigado: blanqueo de capitales.

Por este caso, Martinelli fue imputado, precisamente, por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país y el deber de notificarse dos veces al mes ante las autoridades judiciales.

La fiscalía también llamó a indagatoria a los hermanos Daniel y David Ochy, Felipe Virzi, Gabriel Btesh, Riccardo Francolini y Ricardo Chanis, entre otros.

La confesión de Chanis

Uno de los episodios más relevantes de esta pesquisa fue la confesión de Ricardo Chanis ante la fiscalía. En febrero 2020, el abogado contó al MP que la compra de Epasa implicó el desembolso de unos de $47 millones, que incluyó el pago en efectivo de una deuda de Epasa al Banco General –de $12.5 millones–, la cual pagó Martinelli en calidad de “préstamo de accionista”.

Con la sofisticada arquitectura financiera, la identidad de los nuevos dueños de Epasa quedó oculta bajo capas y capas de sociedades. Los bienes pasaron a ser propiedad de TPAHC, Inc. –creada el 7 de diciembre de 2010– dos semanas antes de la compra. TPAHC emitió mil acciones que, por instrucciones de Henri Mizrachi, se repartieron así: 600 para Corporación de Inversiones Multimedios, S.A., cuyo beneficiario final es Martinelli Berrocal, reveló Chanis, y el resto –dijo Chanis– terminó en dos sociedades, cuyo beneficiario final es Mizrachi. Se trata de Ibiza Overseas Corp. y Meadows Investment, S.A., cada una con 200 acciones.