Las consecuencias del fallo que absolvió al expresidente Ricardo Martinelli de los pinchazos no se circunscriben al ámbito judicial.
Al poner en entredicho el sistema de justicia, toda vez que obvió pruebas validadas por la Corte Suprema de Justicia e incluso por un juez federal de Estados Unidos, la decisión de las juezas Iveth Vega, Jennifer Saavedra y Marysol Osorio compromete también la posición del país ante los organismos que miden, precisamente, la aplicación de la justicia y el Estado de derecho y que, debido a la opacidad en esta materia, mantienen al istmo en listas grises y negras.
Más allá, el fallo despejaría el camino electoral para 2024 y podría inclusive afectar la gobernabilidad de Laurentino Cortizo.
A juicio de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, este caso se suma a “la larga lista de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que encuentran cobija en la impunidad”. Agrega que el fallo afecta al país frente a índices que miden la capacidad de las instituciones de justicia.
Una sentencia legal, pero no legítima
Las juezas Iveth Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marysol América Osorio hicieron historia el pasado martes 9 de noviembre, cuando pusieron en conocimiento su decisión unánime de absolver al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal de los dos cargos vinculados a la causa de los pinchazos, iniciada en junio de 2015 por la Corte Suprema de Justicia. Con su fallo, pusieron fin a seis años de un controvertido proceso.
La decisión de las juezas se fundamentó en su consideración de que el Ministerio Público no pudo probar la vinculación del exmandatario con las interceptaciones ilegales de las comunicaciones, así como con los seguimientos y monitoreos objeto de este proceso.
Las juezas aceptaron la premisa de la defensa técnica de que el caso había sido preparado por el excomisionado Rolando López, cabeza del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).
Una decisión ilógica
La disciplina del derecho está fundamentada en la lógica, es decir, el análisis metódico y organizado de los hechos y argumentos.
En el caso de los pinchazos ventilado en segunda ocasión, se expusieron una serie de hechos incontrovertibles, a saber:
1) Ricardo Alberto Martinelli Berrocal fue presidente de la República de Panamá del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014;
2) Por medio de la Ley 11 de 2010, se derogó la normativa que regía el Consejo de Seguridad Nacional, colocando al presidente de la República como su máxima autoridad a partir de ese momento;
3) Durante la administración de Martinelli, se adquirieron distintos sistemas para la interceptación de comunicaciones, incluyendo el software Pegasus;
4) Al menos 150 personas identificadas sufrieron interceptaciones de sus comunicaciones privadas con Pegasus;
5) Estas interceptaciones no tenían autorización judicial, por tanto, están prohibidas por la Constitución Política de la República de Panamá;
6) El contenido de algunas de las comunicaciones de las 150 víctimas identificadas fue publicado o divulgado abiertamente para favorecer intereses muy específicos;
7) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, fueron condenados previamente en otro juicio por estos mismos delitos.
La cadena lógico-causal solo puede llevar hacia un razonamiento concluyente: aunque se le atribuya a Rolando López haber preparado, manipulado u organizado los archivos electrónicos, la coincidencia de tiempo, modo y lugar es contundente.
Las juezas prefirieron ignorar las evidencias que ya habían sido validadas por la Corte Suprema de Justicia y consideradas por el juez federal de Estados Unidos Edwin Torres, cuando concedió la extradición a Panamá del expresidente, en el año 2017.
Un sentimiento de indefensión
La sensación de la opinión pública al conocer el fallo fue de shock.
Es, quizá, lo más parecido al sentimiento nacional de mayo de 1989, cuando otros tres jueces –esa vez del Tribunal Electoral– anularon las elecciones que tenían por ganador al candidato opositor Guillermo Endara. Los acontecimientos de ese año demostraron con creces lo que pasa cuando se rompe la institucionalidad.
La justicia panameña enfrenta una seria crisis que viene arrastrando por varias décadas. La impunidad de los casos de alto perfil no es reciente, ya que un rápido repaso recoge casos como el del Cemis, Estrella Mar, Finmeccanica, el Gallero y otros numerosos ejemplos del entrampamiento de la justicia, subastada ante los intereses más poderosos que este país haya conocido.
La decisión del 9 de noviembre de 2021 tendrá importantes consecuencias a nivel internacional y agravará la situación de Panamá en las listas de organismos calificadores de la seguridad jurídica y la transparencia.
Es decir, se hará mucho más caro el crédito bancario en Panamá y se afectará la atracción de inversiones extranjeras a un país con una justicia cuestionada.
Por otra parte, la absolución del exgobernante despejaría el camino electoral hacia el año 2024 y puede desencadenar una realineación política a nivel de diputados y partidos políticos, lo que le puede restar gobernabilidad al mandatario Laurentino Cortizo.
Además, si las plataformas políticas de otras candidaturas electorales no conforman un frente común, la presencia de múltiples candidatos presidenciales favorecerá una sola opción en 2024.
Esperando una solución ajena
El espectáculo de un expresidente absuelto contrasta con el de dos de sus hijos varones camino a un juicio muy público en una corte federal de Nueva York.
En semanas recientes, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el encargado de negocios de la embajada de dicho país en Panamá han señalado las posibles consecuencias que funcionarios corruptos de Panamá enfrentarían por torcer los caminos de la justicia. Como es conocido, Estados Unidos cuenta con múltiples herramientas diplomáticas, económicas y judiciales con las cuales puede hacer saber su reacción al fallo absolutorio del 9 de noviembre.
La gran expectativa podría centrarse una vez los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares enfrenten su caso en Estados Unidos y se divulgue la identidad de otros co-acusados.
El sosiego que pueda causar la esperanza de las acciones de un gobierno extranjero no sirve como hoja de ruta para resolver la crítica situación de la justicia panameña.
En los últimos 11 años, el país ha tenido siete procuradores generales, incluyendo el actual, que es interino. Unos 900 funcionarios judiciales también son interinos (incluyendo, las tres juezas del tribunal que absolvió a Martinelli) y están expuestos a la voluntad y a la arbitrariedad de sus superiores. Además, la justicia panameña no tiene una policía de investigación judicial dedicada a esta tarea, ya que depende de la Policía Nacional para estos fines.
La implementación de la carrera judicial es apenas un primer paso para salir de la crisis. Jueces y fiscales necesitan de mejor formación técnica especializada, así como de las auditorías y seguimientos a sus ejecutorias.
Panamá no tiene capacidad para hacer esto por sí misma, y va a requerir de mucha cooperación internacional para transformar la justicia. El modelo podría ser una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la que existió en Guatemala, que a la vez que asesoró al personal de la justicia, lo capacitó y permitió que se evaluarán casos emblemáticos ya decididos para emitir dictámenes que sirvieran de correctivos.
La presencia de esta comisión internacional le daría mayor respaldo a los funcionarios honestos y los blindará ante muchas de las presiones internas y externas que buscan capturar a la justicia.
La decisión del 9 de noviembre no estaba sola. El magistrado de la Corte Suprema Cecilio Cedalise volvió a presentar al pleno de dicho tribunal su proyecto para declarar inconstitucional el proceso de los pinchazos. No les basta con la impunidad, necesitan la confirmación de su descaro y sobre todo la demostración de que controlan a la justicia.
De los panameños depende que los beneficiarios de la justicia sean las víctimas y los inocentes.
