El Gobierno de Panamá, a través de una nota fechada el 16 de septiembre pasado, contactó al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por su siglas en inglés), ante la posibilidad de que el nombre del país se vea “difamado” por la supuesta filtración masiva de documentos ligados a una o más firmas de abogados y la publicación de una investigación periodística al respecto.
La nota, enviada por J. Erik Connolly, de la firma de abogados estadounidense Benesch, Friendlander, Coplan & Aronoff LLP, deja claro que la comunicación enviada “no debe ser interpretada ni entendida como un intento para frenar la investigación y publicación de temas relevantes”, y hace hincapié en el respeto del Gobierno de Panamá por la libertad de prensa y el trabajo del ICIJ.
No obstante, a través de la carta se advierte que “cualquiera que sea la percepción que el ICIJ tenía de Panamá en 2016, en cuanto a requisitos de diligencia debida y la supervisión de los bufetes de abogados, no se parece al Panamá de hoy”.
Agrega, además, que el nombre de la investigación anterior, Panama Papers, resultó en una “marca difamatoria” que el país aún arrastra, por lo cual busca “abrir un diálogo con ICIJ” para evitar que algo así se repita, cinco años después.
El ICIJ adelantó ayer, sábado 2 de octubre, que la nueva investigación, titulada Pandora Papers, es la “exposición más extensa de secretismo financiero” que ha llevado a cabo el consorcio.
En la primera línea de la extensa nota, la firma de abogados estadounidense se identifica como representante del Gobierno de Panamá para tratar este tema. En un pie de página detalla que la firma trabaja “en el evento de que el ICIJ u otros medios estadounidenses publiquen un artículo o artículos difamatorios y una demanda deba ser interpuesta en nombre de algún miembro del gobierno”.
La Prensa contactó a la oficina de prensa de la Cancillería para saber si el ICIJ ha respondido a la nota enviada. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta por parte de la Cancillería a las interrogantes.
