La creación de listas para enunciar los países que incumplen con normas y regulaciones de distinto orden es una innovación de la guerra fría. El propósito esencial es muy directo: al nombrar y “avergonzar” a un país, su élite gobernante y aquellos que hacen negocios con esta tendrían que cambiar su comportamiento.
Las dos grandes listas que le preocupaban a los países latinoamericanos eran preparadas por el Departamento de Estado y remitidas al Presidente de Estados Unidos. Una era la de los países que no colaboraban con la lucha contra el narcotráfico, mientras que la otra incluía los países que no respetaban los derechos humanos.
Ambas listas tenían consecuencias en el financiamiento de proyectos de cooperación internacional y préstamos de instituciones multilaterales, que afectaban la inversión privada.
La proliferación de las listas ocurrió con la caída del muro de Berlín en 1989, año cuando, precisamente, se estableció el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Estados Unidos aumentó sus listas para incluir a los países que no respetaban la propiedad intelectual y creó la lista Clinton, al tiempo que se adicionaron listas sobre comercio internacional, relacionadas, por ejemplo, con la explotación del trabajo infantil, la manipulación del valor de cambio de monedas nacionales y otros.
Panamá cayó en las listas de narcóticos y de derechos humanos a finales de la década de 1980. En la de 1990, estaba en listas de infracciones a la propiedad intelectual y de países que no hacían lo suficiente para evitar que la pesca del atún causara la muerte de delfines.
Cada una de estas listas venía amarrada con la amenaza de un peligroso embargo comercial o de sanciones estrictas a las exportaciones.
Las listas del sector financiero proliferaron a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos fue atacado por OsamaBin Laden. Evitar el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucción masiva se convirtió en tema de agenda de las regulaciones financieras internacionales, lo que produjo la primera gran ola de reformas del sector financiero global.
Las empresas de papel y los bancos de gaveta se transformaron de la noche a la mañana en un objetivo de primer orden de los reguladores del mundo.
Panamá logró esquivar los coletazos más fuertes de este huracán regulatorio, ofreciendo un amplio apoyo político a la guerra contra el terrorismo y a la invasión de Irak.
En 2009, después de la crisis financiera del año anterior y con la llegada de Barak Obama a la Presidencia de Estados Unidos, se intensificó la presión sobre los paraísos fiscales y jurisdicciones de tributación amistosa fuera de los países de la OCDE.
Ni los gobiernos panameños ni el sector financiero se prepararon para enfrentar el cambio global. Desde 2011, empero, Panamá ha aprobado cada reforma solicitada, desde modificaciones al régimen de sociedades anónimas y el intercambio automático de información financiera, hasta regulaciones estrictas de todos los negocios que manejan dinero en efectivo o que tengan operaciones vulnerables al blanqueo de capitales.
El eslabón más débil en toda esta cadena de reformas ha sido la justicia. El Órgano Judicial ha sido incapaz de producir condenas representativas en materia de delitos financieros y de corrupción de alto perfil.
A su vez, el Ministerio Público está separado de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y de la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia de la República. Es decir, hay fiscales, pero no tienen los investigadores ni los datos a su alcance.
La corrupción y las generosas donaciones de campaña han involucrado a partidos políticos de toda estirpe.
Este panorama institucional deja un país cuya clase política no se ha comprometido del todo con la lucha anticorrupción y el combate a la impunidad. Y es, precisamente, la falta de implementación de las reformas legales de la última década, representada por la ausencia de sentencias condenatorias, lo que demuestra, para la comunidad internacional, que las reformas han sido de los dientes para afuera.