El Ministerio Público ya empezó a contactar a las personas que han denunciado maltratos y actos discriminatorios en el Instituto Nacional de Salud Mental (Insam).
La acción surge luego de que el procurador general encargado Javier Caraballo anunciara una investigación por los relatos de pacientes que denunciaron actos libidinosos, humillaciones, maltratos verbales, amenazas, discriminación y violación de sus derechos humanos, por parte del personal del Insam. Las historias salieron a la luz a raíz de una investigación periodística de este medio.
El Ministerio Público y la Asamblea ponen la lupa en el Insam
Dos acciones concretas se tomaron ayer en torno a las denuncias por maltrato y discriminación en el Instituto Nacional de Salud Mental (Insam).
En la mañana, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que preside la diputada oficialista Zulay Rodríguez, conformó una subcomisión que se encargará de investigar los hechos.
La diputada Emily García Miró, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), dirigirá este grupo en el que además están Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, y Edwin Zúñiga, de Cambio Democrático.
Ya el diputado independiente Gabriel Silva se había referido al tema. “Esto amerita una investigación por parte del Ministerio Público”, manifestó.
Lo penal
Horas después de que se creara la subcomisión legislativa, el Ministerio Público anunció una investigación sobre el tema. “Iniciamos de oficio el día de ayer producto de una publicación de un periódico de la localidad. Nosotros, obviamente, tan pronto recibimos la notificación de esta publicación, le pedimos al fiscal que inicie una investigación para corroborar o verificar los hechos”, manifestó Javier Caraballo, procurador general encargado.
En efecto, una investigación de La Prensa reveló testimonios de pacientes sobre actos libidinosos, humillaciones, maltratos verbales, amenazas, discriminación y violación de sus derechos humanos, por parte de personal del Insam. Son historias de pacientes que se internaron temporalmente, en su mayoría de forma voluntaria, con el propósito de buscar ayuda para atender problemas de salud mental.
Fuentes del Ministerio Público informaron ayer que ya empezaron a contactar a algunas víctimas para escuchar sus testimonios.
Mientras que Juana Herrera, directora de la institución, manifestó en Telemetro que informaron de la situación al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y añadió que éste “giró todas las instrucciones”. No especificó cuáles son esas acciones, pero serían “procedimientos penales y procedimientos administrativos. Todo eso se llevó en su momento y está en curso”, explicó Herrera.
Sin embargo, hasta ahora el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el tema.
Tampoco lo ha hecho la Defensoría del Pueblo.
