El Ministerio Público (MP) adelanta otras seis investigaciones de oficio relacionadas con la pandemia de la Covid-19, en las que se han señalado posibles irregularidades en contratos para la compra-venta de insumos para combatir el virus.
La primera pesquisa data del 3 de abril. Fue abierta después de que en redes sociales fue denunciada una persona que mostraba cientos de vales entregados por el gobierno para hacer frente a la crisis. Estos vales son entregados a personas que han perdido sus trabajos o que están en riesgo por el virus.
Luego, el 17 de abril, el MP inició una investigación sobre una licitación de la Caja de Seguro Social (CSS) para la contratación de una empresa que se encargaría de la actualización e implementación de un dispensador automatizado de medicamentos, contrato adjudicado a una empresa mexicana por $168 millones, aunque después fue suspendido.
Tres días después, el 20 de abril, abrió una investigación por el extravío de varias cajas con mascarillas en el Hospital Santo Tomás. Por este caso, se le imputaron cargos a un ciudadano colombiano por aprovechamiento de cosas procedentes del ilícito.
El 25 de abril, la Fiscalía Anticorrupción inició un proceso por la compra de 100 ventiladores Allied 300 para pacientes con coronavirus. Esta contratación sería por el orden de $5.2 millones, aunque fue frenada. Aquí, las pesquisas están orientadas establecer si hubo sobrecosto de los equipos que serían adquiridos por el Ministerio de la Presidencia.
Mientras tanto, el 26 de abril los fiscales del Ministerio Público comenzaron a investigar la compra de 7 mil mascarillas por parte de la Asamblea Nacional a un costo de $2.50 la unidad. En este proceso, se investiga también un supuesto sobrecosto.
En este caso, la Contraloría General de la República suspendió al funcionario encargado de la fiscalización en la Asamblea. Más tarde, el 28 de abril, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por la compra de 2 millones de botellas de gel alcoholado por $13 millones. También se sospecha de posibles sobrecostos.
Fuentes consultadas por este diario informaron que todos estos procesos están prácticamente paralizados, debido a la suspensión de los términos judiciales, una medida que estaría vigente hasta el 7 de junio próximo.