El presidente de la República, Laurentino Cortizo, calificó ayer como “inaceptable” y “sin sustento” el reclamo económico efectuado por el consorcio español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), contratista del proyecto Ciudad de la Salud.
Los señalamientos de Cortizo se dieron luego de que la empresa, investigada por pago de sobornos, comunicara a la Caja de Seguro Social (CSS) que quiere rescindir el contrato de la obra.
Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la junta directiva de la CSS, remarcó que de ninguna manera se debe acordar un contrato nuevo con FCC y que la empresa española debe cumplir con lo aprobado en el acuerdo original.
‘La CSS responderá a FCC la próxima semana’: Lau Cortés
Malestar entre trabajadores, empresarios, autoridades y pacientes generó la intención del consorcio español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de rescindir el contrato pactado hace ocho años con la Caja de Seguro Social (CSS), para construir la Ciudad de la Salud, en Ancón.
Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en la junta directiva de la CSS, subrayó que FCC tiene que cumplir con el contrato, independientemente de los efectos de la actual pandemia.
El miércoles, FCC envió una nota al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, en la que le comunicó la “disolución” del contrato por razones inherentes a la pandemia de Covid-19.
Esta obra ya debió haber terminado.
“Entendemos la parte de la pandemia, pero este no es un proyecto de este período. FCC tiene una responsabilidad con el Estado y no es el momento de negociar un nuevo contrato”, argumentó la empresaria, que fue designada recientemente en la junta directiva de la CSS.
Este proyecto, que tiene 65% de avance, fue adjudicado en 2012 por $554.3 millones y hasta ahora se ha pagado a FCC $335.7 millones. Por otra parte, el consorcio reclama a la CSS unos $65 millones por “permanencia extendida”, debido a los cinco años en que la obra estuvo suspendida.
Inaceptable
Otro de los que reaccionó ayer tras conocer lo anunciado por FCC fue el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien dijo que tienen un equipo legal evaluando este complejo tema.
También se refirió a las demandas económicas de la empresa española. “El equipo del Seguro Social, con sus abogados, han estado conversando. Inclusive, yo fui muy preciso y les dije que esa cantidad que estaban solicitando, independientemente de todos los problemas que han tenido, para Panamá era inaceptable”, señaló.
Según el mandatario, se está hablando de una cantidad millonaria ($65 millones), que para el Gobierno no tiene sustento, especialmente con todo lo que ha pasado en el proyecto hospitalario, que tiene tantos años y no ha sido culminado.
Este mismo mes (el 12 de agosto) el mandatario llegó a decir que prefería cerrar rápidamente a un acuerdo con FCC. “Yo, personalmente, me he puesto en contacto, en videoconferencia, con ejecutivos de FCC”, manifestó Cortizo aquella vez, en un recorrido en las instalaciones de la empresa Levapan Panamá.
Alfredo Macharaviaya, quien representa al personal de Salud en la directiva de la CSS, manifestó que en cualquier decisión que se tome debe tenerse como prioridad que no se perjudiquen los intereses de la entidad.
Se le consultó a Macharaviaya si tuvo acceso a la nota que envió FCC a la CSS y señaló que fueron informados de la situación el jueves, aunque no tuvieron acceso a la misiva. “La junta directiva pidió un informe jurídico y se espera que la carta venga en dicho informe”, acotó.
A su vez, planteó que cuando existe un acuerdo entre dos partes, ambas deben cumplir con las condiciones que exige el contrato.
En palabras del médico, no debe haber menoscabo a ninguna de las partes y mucho menos a la CSS, la cual atiende a un 80% de la población del país.
“La CSS y los asegurados no pueden perder un centavo más en esta negociación con FCC”, advirtió.
Los responsables
La historia de este proyecto inició en mayo de 2012, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entregó la orden de proceder por $554.3 millones. En ese momento, el director de la CSS era Guillermo Sáez-Llorens, y se contemplaba construir edificaciones para 43 quirófanos y 284 consultorios, y colocar mil 235 camas. Pero, la iniciativa suscitó múltiples críticas que iban desde el impacto ambiental que el proyecto ocasionaría en el área donde se construiría, hasta el precio de la obra.
Pese a que se adjudicó bajo la modalidad llave en mano, antes de que culminara la gestión de Martinelli se cambió a fast track, que se refiere al sistema de diseño y construcción de manera simultánea, por tanto, los trabajos de construcción se ejecutan en la medida en que se van aprobando los diferentes planos de la obra.
De acuerdo con el calendario, debía entregarse en mayo de 2015, pero Estivenson Girón, primer director de la CSS que nombró Juan Carlos Varela (2014-2019), a través de auditorías, detectó varias irregularidades: problemas con el suministro de agua y el sistema eléctrico; no había registros sobre la donación del terreno para la obra; paredes de pladur, una lámina parecida al gypsum; el desbordamiento de un desagüe que corría a orilla de la vía La Floresta, e inundaciones en las parcelas del proyecto cada vez que llovía.
Frente a esta serie de irregularidades, Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) -organización con representación en la directiva de la CSS-, hizo un llamado a las autoridades para adoptar decisiones firmes, ante las pretensiones del consorcio.
“Estos señores [representante de la empresa] deben estar detenidos hace tiempo y parte de la responsabilidad la tienen las autoridades de la CSS por no ejecutar la fianza de cumplimiento cuando debían aplicarla”, puntualizó.
El sindicalista indicó que el Estado panameño no debe seguir regalando dinero de la CSS a este tipo de empresas, y menos en este momento de crisis económica causada por la pandemia.
El exviceministro de Salud Carlos Abadía hizo un llamado a la CSS para que esto no se siga negociando a puerta cerrada.
“El asegurado tiene el derecho a saber lo que ocurre en este tema. Hay pérdidas en dinero y estamos ante una empresa muy cuestionada en el mundo”, acotó Abadía.
Se consultó al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, quien aseguró que la próxima semana responderán a la empresa.
“Nuestro equipo de abogados analiza no solamente la nota, sino también la demanda ante la Comisión Internacional de Arbitraje. No vamos a permitir bajo ningún concepto que se vulnere el derecho que tiene el país de contar con un patrimonio como la Ciudad de la Salud y que en estos momentos la población lo reclama para recibir la atención en la pandemia”, destacó.
Hasta el pasado 28 de julio, este proyecto tenía un avance de 65%. La idea de la actual administración es que se concluya en este quinquenio. Tienen un cronograma por fases, y el propósito es que la última fase se entregue en noviembre de 2023.
