Isaac Figueroa, abogado de la empresa española Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC), dejó claro a los diputados de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, y a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), que el contrato de la Ciudad de la Salud se dirimirá en un “arbitraje internacional”.
Figueroa, que asistió ayer a la mencionada comisión, instancia que preside la perredista Kayra Harding, para responder un cuestionario de 12 preguntas, insistió en que la empresa cumplió con el contrato que le fue adjudicado en 2012.
Pero los diputados y el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, argumentaron que la compañía no ha cumplido.
El forcejeo entre las posiciones caldeó el ambiente en el salón donde fue la reunión. En reiteradas ocasiones, Harding emplazó al representante de FCC y viceversa. En medio de las tensiones, se creó una subcomisión para elaborar un informe de la reunión. En ese grupo estarán: Roberto Ábrego, del Partido Revolucionario Democrático; Manolo Ruiz, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; y Leopoldo Benedetti, de Cambio Democrático, quienes deberán entregar sus consideraciones en 10 días.
Defensa y señalamiento
Desde la primera pregunta, hubo choque. Las respuestas de Figueroa no llenaban las expectativas de los diputados, sobre todo de Harding, quien en cada respuesta del representante de FCC pedía al subdirector de la CSS dar su versión.
Por ejemplo, le pidió a Figueroa que explicara los argumentos técnicos y económicos que presentaron a la CSS para conseguir el cambio de contrato llave en mano por el de sistema de pago por avance de obras. El ejecutivo alegó que “nunca” el contrato fue cambiado a otra modalidad. Su respuesta fue refutada por la diputada, quien dijo que los contratos llave en mano se pagan una vez se termine la obra.
“Licenciada, no quiero entrar en contradicción con usted. No pretendemos debatir con ustedes sobre quién tiene la razón, por eso hemos llamado al arbitraje que es donde se dirimirán las diferencias (...)”, dijo Figueroa.
Enseguida, Harding le recordó que fue ella quien lo citó por la facultades que le confiere la ley. “Usted se limita a contestar lo que le pregunto”, indicó.
Durante la reunión, el representante de FCC también negó que la empresa haya incumplido en algún momento con el contrato suscrito entre las partes. Dijo que la obra tiene el 65% de avance y que solo ha recibido el pago de 43%; y que FCC desconoce que le deba a la CSS $30 millones.
“El contrato tenía un plazo de ejecución de 36 meses a contar desde el 24 de agosto de 2012 hasta el 24 de marzo de 2015. Tal plazo se ha extendido por causas no imputables a FCC o al contratista...”, indicó Figueroa.
Sin embargo, Francisco Bustamante manifestó que sí hay incumplimiento. “El contrato tenía una fecha de terminación en 2015, que no se cumplió. Ha tenido seis adendas. La última decía que tenía que entregar la fase uno y dos en el año 2019 y la fase tres en febrero de 2020. Ninguna de esas fases ha sido entregada a la fecha”, afirmó.
Figueroa también dijo que el proyecto de Ciudad de la Salud, antes Ciudad Hospitalaria, que se adjudicó en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), no se ha incrementado en 50%, como se afirma, porque el contrato es de $554 millones. Esa estimación de un incremento del 50%, según explicó Bustamante, forma parte del atraso que se dio en cinco años (2015-2019), más el tiempo adicional que costaría terminar la obra con actualización de costo.
A la consulta de si FCC estaba dispuesta a ceder el contrato antes de conocer los resultados del arbitraje, a fin de que la CSS contrate otra empresa, Figueroa dijo que desde el 25 de agosto “cesamos operaciones y declaramos resuelto el contrato”.
“Si la CSS tiene a bien contratar o ceder el proyecto, está en todo su derecho (...)”.
Por su lado, Bustamante aseguró que el contrato sigue vigente y que FCC solicitó rescindir el contrato para que la CSS no pudiera ejecutar la fianza de cumplimiento, cuyo monto es de $55 millones. Explicó que no hay un “arbitraje”, como alega la empresa, sino una demanda de FCC ante la Cámara de Arbitraje Internacional para que en el caso que la CSS quiera ejercer el derecho sobre la fianza sea secuestrada.
FCC actualmente es investigada, tanto en España como en Panamá, por el pago de sobornos para obtener contratos.