Desde el pasado viernes, las empresas tendrán no más de una hora para informar al Ministerio de Ambiente de cualquier daño ecológico que suceda en su área o zona de operación.
Tal disposición está en la Resolución 0427-2021 del 11 de agosto de 2021, publicada hace dos días en Gaceta Oficial, con la firma del ministro de Ambiente, Milciades Concepción.
El documento también indica que, además del Ministerio de Ambiente, se debe comunicar de lo sucedido a otras entidades con competencia y suministrar información, como causas o posibles consecuencias del accidente y medidas de contingencia que se estén implementando.
El incumplimiento de esta medida será castigado por el ministerio, aunque no define el tipo de sanción.
Concepción subrayó ayer que la resolución pretende precisar un protocolo sobre cuándo y cómo las empresas deben comunicar el incidente o accidente ambiental a las autoridades. De hecho, recordó que este punto específico no estaba claro en la Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente).
Para tener una idea, la Ley 41, en el capítulo IX (artículo 38), indica: “son deberes del Estado y de la sociedad civil adoptar medidas para prevenir y enfrentar desastres ambientales, así como informar inmediatamente respecto a su ocurrencia”.
En palabras del ministro, lo ocurrido con el derrame de Minera Panamá, el pasado 14 de julio, fue el “detonante” para que la entidad a su cargo emitiera la nueva normativa sobre notificación de los accidentes ambientales en las empresas.
Aquella vez hubo una rotura en una unión de soldadura de la tubería que transporta agua a las tinas de relave, en la región de Donoso. Este suceso se registró el miércoles 14 de julio; sin embargo, el reporte llegó al Ministerio de Ambiente el viernes 16 del mismo mes.
De acuerdo con Concepción, Minera Panamá cuenta con procedimiento interno que indica que puede informar estos incidentes, hasta 48 horas después.
“Ahora, de registrarse un accidente en un lugar inhóspito, se puede informar por WhatsApp, llamada o correo electrónico, mientras llega la comunicación oficial escrita, a fin de que no se repita cualquiera hecho que afecte el medio natural. Y eso no sólo aplica para la minería, si no para cualquier otra empresa o persona”, puntualizó.
Luces y sombras
Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dice que considerando los incidentes de contaminación en el proyecto de Minera Panamá, le parece correcta y adecuada la medida de obligatoriedad de las empresas en informar estos eventos al Ministerio de Ambiente, para aplicar a la mayor brevedad las medidas de mitigación, facilitar la investigación de los hechos y determinar si se aplican sanciones.
“Es importante tener presente que el derecho ambiental tiene un carácter inminentemente preventivo, por lo que era inaceptable mantener un vacío de este tipo en la verificación y control del desempeño ambiental”, dijo la ambientalista.
Por su parte, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), planteó que la resolución se muestra “insuficiente” en definir puntualmente las implicaciones de los incidentes y accidentes ambientales, así como una norma técnica para la elaboración de los planes de contingencia y la divulgación de emergencias ambientales.
A juicio de Ramos, la resolución debió señalar el hecho que la falta del reporte será considerada una infracción y sometida a proceso de sanción directa.
“El documento debió dejar establecido de forma clara la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, de otras autoridades del ramo, así como de las autoridades locales, sobre los mecanismos para comunicar a las poblaciones [cercanas al daño ecológico] la situación, las medidas que se están tomando y cómo mantener seguro a los habitantes en cada localidad”, acotó.
En ese contexto, el activista considera que la empresa o individuo que causó la contaminación, a pesar de su responsabilidad, no puede quedar solo en el rol y manejo de la situación.
“El Ministerio de Ambiente tiene la responsabilidad de garantizar la veracidad de la información presentada y que la respuesta a la emergencia sea efectiva en mecanismos y tiempos, garantizando la seguridad para la población, así como las acciones para mitigar y compensar los daños ocasionados”, concluyó.
El Ministerio de Ambiente informó el pasado mes que el derrame en Minera Panamá alcanzó los 132 mil galones de una mezcla de agua, carbonato de calcio y arena.
Las comunidades al margen del río Chicheme y de Nuevo Sinaí se vieron afectadas por la contaminación de la quebrada Chicheme y el río Pifá. Las autoridades locales informaron que unas 600 personas utilizan este último río para sus necesidades diarias –incluido el consumo–, pues el acueducto solo abastece al 40% de moradores.
