Que los ciudadanos presenten una certificación que demuestre que residen en el lugar donde harán cambio de residencia, y que se prohíba a los rectores y asesores de universidades que ocupen un puesto público seis meses antes de las elecciones correr para algún cargo de elección popular. Estos dos temas centran el debate de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que discute las reformas a la ley electoral.
La discusión, que inició el pasado jueves, termina esta semana con la aprobación o rechazo de ambas propuestas. La iniciativa para que los ciudadanos presenten una certificación o documento que señale que viven en el corregimiento donde harán cambio de residencia fue propuesta por Ricardo Lombana, presidente del partido en formación Otro Camino.
Dicha moción busca modificar el artículo 13 del Código Electoral, sobre los cambios de residencia y fue avalada por la mayoría de los miembros del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, que señalaron que no basta con que el ciudadano “jure” sobre su cambio de residencia, como actualmente lo establece la norma electoral, ya que durante las elecciones generales de 2019, hubo muchas denuncias sobre cambios de residencia fraudulentos en la Fiscalía Electoral.
“Estoy de acuerdo que las personas puedan documentar por cualquier medio idóneo que acredite la vinculación con la residencia donde se quiere cambiar... lo importante es que no sea solo el ir a hablar bajo juramento porque la gente le perdió el respeto a eso, ya que se ha obviado la formalidad de ese procedimiento”, explicó Ana Matilde Gómez, representante del área académica, y miembro del Foro Ciudadano.
Pero esta propuesta no es avalada por algunos representantes de los partidos políticos. Es el caso de Natividad Cruz, representante del Partido Revolucionario Democrático. Dijo que hay que tener cuidado a la hora de solicitar certificación, ya que se limitaría y verían afectados aquellos que hacen cambios de residencia de buena fe.
Por su lado, Rony Araúz, representante de Cambio Democrático en la comisión, explicó que de aprobarse que el votante que hará cambio de residencia pruebe que vive en una determinada área, los únicos que saldrían ganando son “las personas con más de una casa, ya que fácilmente, aunque no vivan allí, podrán acreditar residencia”. “Estaríamos haciendo una norma sesgada al que tiene recursos”, añadió.
Durante el debate se barajó la posibilidad de que la certificación fuese expedida por los jueces de paz, pero luego la idea se disipó.
Funcionarios candidatos
Sobre los funcionarios que no son elegibles para cargo de elección popular y sus limitaciones, aparte de incluir a rectores, asesores, gerentes y subgerentes.
También se pidió eliminar el párrafo que le daba potestad al Tribunal Electoral para decidir qué otros funcionarios estarían limitados para correr a un cargo de elección popular. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Juncá, coordinador de la CNRE, rechazó esta propuesta.