Proceso

En riesgo, otro caso ligado a Odebrecht

En riesgo, otro caso ligado a Odebrecht
La investigación relacionada con el proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá se inició en 2016 a raíz de delaciones de directivos de Odebrecht. Archivo

Un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia podría dar al traste con una importante pieza de la investigación que sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunto peculado en el proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

Y es que la decisión del Tribunal, del 17 de marzo pasado, negó a la fiscalía una prórroga para concluir la investigación y aún está pendiente una asistencia judicial solicitada a Brasil que, entre otros importantes aspectos, incluye la declaración de André Campo Rabello, exsuperintendente de Odebrecht en Panamá.

Sin esta prórroga, la fiscal Tania Sterling –a cargo del caso– debe enviar el expediente al juzgado para su calificación sin el testimonio de Rabello.

Con este fallo, el Tribunal validó una decisión de la jueza suplente especial del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, Lorena Hernández, quien rechazó una solicitud de prórroga presentada por Sterling, con el argumento de que fue interpuesta fuera de término.

No obstante, Sterling asegura que presentó la solicitud a tiempo.

Como parte de este proceso, a la Fiscalía Especial Anticorrupción se le concedieron dos prórrogas, una solicitada en 2017, por 14 meses; y otra en abril de 2019, de 12 meses adicionales.

Sterling pidió la nueva extensión el 14 de septiembre de 2020 por tener pendiente, precisamente, la contestación de la asistencia judicial de Brasil y otras diligencias. También argumentó que no pudo agotar el plazo de la prórroga concedida en abril de 2019 debido a la pandemia de la Covid-19, que obligó a la Corte Suprema de Justicia a suspender los términos judiciales en varias ocasiones.

Sin embargo, en el fallo de marzo pasado el Primer Tribunal Superior de Justicia concluyó que la fiscal tenía plazo hasta el 3 de junio de 2020, fecha cuando venció la prórroga de abril de 2019.

La sentencia cita, entre otros, el artículo 2033 del Código Judicial, el cual establece que el Ministerio Público podrá continuar con la instrucción sumarial de un proceso siempre y cuando cuente con la autorización del juez.

Historia del caso

La investigación de este caso se inició en el año 2016, luego de una publicación efectuada por el periódico brasileño Estadao, que recogió declaraciones de Marco Antonio Vasconcelos, directivo de Odebrecht en República Dominicana, quien aseguró entonces que uno de los pliegos de cargos de la licitación para el proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá había sido elaborado por la propia empresa Odebrecht.

Rabello ya había respondido preguntas a Panamá, aunque no de forma detallada sobre el proyecto de Saneamiento de la Bahía. Lo hizo como parte del acuerdo de colaboración que suscribió con la Fiscalía Especial Anticorrupción por el caso principal de los sobornos, validado en septiembre de 2017 por el entonces Juzgado Duodécimo Penal. Hoy, el caso está a cargo del Juzgado Tercero Liquidador.

En aquel momento, Rabello dijo haber gestionado con los ministros de Salud y Obras Públicas del gobierno de Martinelli, Franklin Vergara y José Federico Suárez, respectivamente, la agilización de los procesos relacionados con el proyecto de Saneamiento de la Bahía y la adenda de la fase II de la autopista Madden - Colón.

Además, afirmó haber pactado con los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli, hoy detenidos en Guatemala y pedidos en extradición por Estados Unidos– el pago de $6 millones para cubrir gastos de la campaña política de su padre y para garantizar pagos atrasados desde 2008 a la empresa.

Esta información también esta contenida en la orden de indagatoria al expresidente Martinelli girada por la Fiscalía Especial Anticorrupción, diligencia que, sin embargo, no se concretó porque el exmandatario se acogió al artículo 25 de la Constitución –que lo exime de declarar en su contra– y presentó certificados médicos.

En este caso, la fiscalía está por enviar la vista fiscal al juzgado.

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