La reforma a la ley que rige las contrataciones públicas fue promulgada en Gaceta Oficial el 8 de mayo de 2020, pero en el mismo texto se estipuló que entraría en vigor cuatro meses después, cumplidos el 8 de septiembre.
Las empresas condenadas por actos de corrupción quedan incapacitadas para contratar con el Estado por cinco años, pero se deja abierta la puerta para contratar a las que hayan hecho acuerdos eficaces de colaboración.
