Guatemala puso en vigor una polémica reforma al Código Penal, que permite reducir en hasta 50% las penas de cárcel, incluidos los casos de corrupción.
La reforma permite que los acusados puedan obtener una reducción de pena si aceptan los cargos que se les atribuyen.
El pasado 12 de noviembre, los diputados aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, la cual permite la reducción de la sentencia carcelaria, aunque deja afuera delitos como genocidio, narcotráfico y asesinato.
El presidente, Jimmy Morales, quien evitó pronunciarse sobre la reforma, la ratificó y la puso en vigencia.
Sectores civiles críticaron las reformas, al considerarlas un retroceso en la lucha contra la impunidad y corrupción en el país.
El analista político y activista anticorrupción Manfredo Marroquín urgió a la Corte de Constitucionalidad (CC) a otorgar un amparo contra la norma que, a su juicio, beneficiaría “a miles de reos y delincuentes”.
Marroquín indicó en su cuenta de la red Twitter que la CC tiene en estudio tres recursos de amparo contra la reforma.
Opositores a la reforma señalan que beneficiará a diputados, financistas y particulares que tienen casos abiertos o están en prisión por delitos como lavado de dinero y corrupción.
Con la modificación, una persona que enfrenta una causa penal podrá obtener una reducción de 50% de la pena carcelaria si acepta el delito en su primera declaración, de 33% si acepta la culpa antes del comienzo del juicio y de 20% si lo hace durante el proceso.