Después de casi dos años de gobierno, aumento en los costos y un arbitraje de por medio, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) finalmente llegaron a un acuerdo con la empresa IBT Group para la entrega en 2017 de cuatro hospitales en diferentes puntos del país.
Se trata de los hospitales Manuel Amador Guerrero, en Colón; Anita Moreno, en Los Santos; General de Bugaba, en Chiriquí, y General de Metetí, en Darién, que la empresa debía entregar inicialmente entre 2012 y 2013 (ver tabla).
Los contratos originales para la construcción y equipamiento de estos hospitales fueron firmados en 2010 por la suma total de 237 millones de dólares, pero en los siguientes tres años se sumaron adendas a cada contrato, con lo que aumentaron los costos hasta llegar a un precio actual de 394 millones de dólares, es decir, un aumento de 66% de su valor original.
De acuerdo con las autoridades, el principal problema radicó en que desde septiembre de 2012 –durante la administración de Ricardo Martinelli– se dejaron de hacer los pagos a la compañía, lo que originó que esta suspendiera de manera unilateral la ejecución de las obras en junio de 2014.
Con la llegada de la administración del presidente Juan Carlos Varela, las autoridades se encontraron con una serie de deficiencias en los contratos.
Las fallas se detectaron específicamente en el caso de los hospitales de Metetí y Bugaba, ya que no se habían contemplado las vías de acceso ni la conexión a los servicios básicos.
La situación llevó a un diálogo entre los representantes de IBT Group y las autoridades del Minsa, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, que se prolongó por siete meses y concluyó en abril pasado.
SOBRE EL ACUERDO
Hasta el momento, el Estado ha desembolsado a la empresa 182 millones de dólares del contrato global; es decir, hay una deuda de 212 millones de dólares.
El ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, precisó que todas las adendas económicas realizadas al contrato se hicieron durante la administración anterior y en esta gestión se ha logrado que “no aumente el costo de la obra”.
“Nosotros estamos para ser garantes de que los contratos y las fechas de entrega se cumplan, y para brindarle a la ciudadanía la garantía de que será beneficiada con ella”, expresó Terrientes.
Por su parte, Gabriel Cedeño, asesor del Minsa,señaló que el acuerdo entre las partes fue “beneficioso para el Estado”.
“Tuvimos el cuidado de que los hospitales se concluyan con la empresa, porque si nosotros aplicáramos cualquier tipo de sanción, nos opusiéramos a que ellos los terminaran o la empresa se retirara voluntariamente, eso implicaría volver a licitar con los costos actuales en los materiales de construcción y esto hubiese supuesto un costo adicional de al menos 200 millones de dólares”, apuntó Cedeño.
Acotó que a la empresa se le explicó que no se aceptarán reclamos por el tiempo en que la obra estuvo detenida.
CUESTIONAN DECISIÓN
La decisión adoptada por las autoridades del Minsa fue criticada por el excontralor Alvin Weeden, quien señaló que “todos sabemos que IBT estaba vinculado al gobierno de Martinelli y sus hijos, y que detrás de estos contratos había un acto de corrupción, por lo que es lamentable que el gobierno actual legalizara esta situación”.
Recordó que la mencionada compañía tiene una historia de incumplimientos contractuales y sobreprecios en Islas Vírgenes Británicas, Perú, España y República Dominicana.
Lo que se debió hacer, agregó, era aplicar la fianza de cumplimiento y que la empresa asegurada se encargara de culminar los proyectos.
Por su parte, el exministro de Salud Guillermo Rolla Pimentel estimó que en este caso “existe un problema de fondo por el desorden con que fue manejado el tema en el pasado”, por lo que estimó conveniente que las autoridades vuelvan a evaluar la decisión adoptada.
IBT GROUP RESPONDE
Jacky Esayag, representante de la empresa, señaló que lejos de las acusaciones de sobreprecios y baja calidad en las obras, las auditorías de la Contraloría han certificado que “ofrecimos el mejor precio por metro cuadrado de Panamá”.
Añadió que mediante el diálogo con las autoridades “se logró encontrar un punto de entendimiento que permitiera reactivar las obras y terminarlas”, además de que les ha permitido “limpiar” la imagen de IBT Group.