A juicio del Consejo Nacional de Periodismo y del Fórum de Periodista por las libertades de Expresión e Información, el anteproyecto de ley que busca regular contenidos en portales de internet y redes sociales presenta tres escenarios que riñen con disposiciones que garantizan el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Cuestionan la ambigüedad de la redacción de la iniciativa, ya que consideran que favorece un criterio subjetivo a la hora de solicitar que se eliminen de internet referencias sin necesidad de aportar pruebas que así lo justifiquen.
Argumentan que, de ser aprobado, empresas y contratistas del Estado, cuyas obras sean cuestionadas, podrán exigir que información sobre esos hechos sea eliminada de internet.
Agregan que el hecho de que la propuesta sea aplicada extraterritorialmente, implica que tendría alcance fuera del país y, con ello, jefes de gobierno, dictadores e incluso particulares que cometieron actos de corrupción “podrán ocultar al mundo sus fechorías”.
Y argumentan que lesiona el derecho a la memoria que tienen los ciudadanos, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice que este derecho es aquel que tiene toda la sociedad en función del conocimiento de su historia. “Nuestras organizaciones rechazan de plano todo intento que busque limitar de cualquier forma los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dicen.