A pesar de que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de nulidad contra el manual de elecciones para los integrantes de los consejos de administración de la carrera judicial, el proceso de selección de este personal se inició el pasado jueves.
La demanda, presentada el pasado martes por el abogado Leonardo Paul, exige la suspensión de esa elección con el alegato de que el manual indica que para estos cargos solo podrían postularse los funcionarios que son de carrera.
El documento también dice que se limitó la participación de la mayoría de los funcionarios del Órgano Judicial que están nombrados de manera interina y que por ende no son funcionarios de carrera.
A la vez, plantea que el citado reglamento para la escogencia de los consejos de administración de la carrera judicial viola el artículo 99 de la Ley de Carrera judicial, aprobada en 2015.
En la demanda presentada por Paul se plantea también que el reglamento establecido para la selección de los consejos no permite una participación amplia de todos los funcionarios que integran el Órgano Judicial.
LA NORMA
La implementación de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que crea la carrera judicial, implica la creación del consejo de administración de la carrera judicial, el consejo de administración de la defensa pública, el consejo consultivo del instituto superior de la judicatura y el consejo consultivo de auditoría judicial.
En estos organismos se deben nombrar magistrados, defensores públicos, jueces municipales y de circuito.
En ese aspecto, la demanda sostiene que la propia ley señala que para ser miembro de los consejos de administración de la carrera judicial no se requiere ser funcionario de carrera. En este sentido, alega que el citado reglamento de elecciones para los consejos de administración de la carrera judicial crea nuevos requisitos que no están en la ley.
EN MARCHA
Pese a que la Ley de Carrera Judicial fue aprobada en 2015, los primeros pasos para implementarla se dieron hace poco.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado, quien hasta el pasado 31 de enero fungió como presidente de ese tribunal, alegó entonces que no se implementaba por la falta de presupuesto.
En su rendición de cuentas realizada el pasado 28 de diciembre de 2017, Ayú Prado argumentó que los recortes presupuestarios al Órgano Judicial entre los años 2016 y 2018 han impedido la implementación de la carrera judicial.
Ayú Prado planteó que para este año solicitó un presupuesto de $332 millones, pero solo le fueron asignados $154 millones, lo que le obligó a realizar ajustes afectando proyectos y programas necesarios para la justicia.
En esa ocasión, el magistrado reconoció que la mayoría de los recursos del Órgano Judicial fueron asignados al sistema penal acusatorio.