La Casa Blanca presentó a principios de mes, su “Unite State Strategy on Countering Corruption” (Estrategia de Estados Unidos contra la Corrupción), que en sus 38 páginas, desarrolla un nuevo objetivo estratégico de la seguridad nacional y la política exterior estadounidense: la lucha contra la corrupción.
El documento es el resultado de un memorándum por el cual el presidente Joe Biden ordenó a su Consejo Nacional de Seguridad incorporar el tema de la corrupción como una de las grandes amenazas a la paz y la seguridad internacional, así como un riesgo que amenaza la estabilidad de gobiernos amigos y puede abrir las puertas al crimen organizado, al terrorismo, y afectar otros intereses estratégicos de Estados Unidos.
Los pilares de una estrategia
La inclusión del tema de la corrupción como una prioridad de Estados Unidos es un hecho verdaderamente revolucionario. Esto puede haber sido producto de la toma de conciencia de los académicos, activistas y analistas que estudian temas de desarrollo y seguridad, pero también es una respuesta a la creciente influencia de las redes de crimen organizado en el mundo contemporáneo y al aumento de la fortaleza de China en el comercio internacional, que viene acompañada con algunas prácticas que Estados Unidos cuestiona por su opacidad.
La estrategia es un documento de alineamiento y coordinación de las acciones del gobierno federal de Estados Unidos, a lo interno y externo de su país. Los cinco pilares articulados por esta estrategia son:
1. “Modernizando, coordinando y asignando recursos a los esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para mejorar el combate a la corrupción”;
2. “Acordonando las finanzas ilícitas”;
3. “Exigiendo cuentas a los actores corruptos”;
4. “Preservando y fortaleciendo la arquitectura multilateral contra la corrupción”, y
5: “Mejorando el compromiso diplomático y apalancando los recursos de la cooperación externa para avanzar en los objetivos políticos”.
Una novedosa caja de herramienta
El planteamiento contenido en la estrategia es sumamente sofisticado y a la vez muy pragmático, ya que expresa el entendimiento sobre las mejores formas de atajar la corrupción, las coimas, los peculados, el blanqueo de capitales y todas las otras formas de obtención de beneficios ilícitos a partir de recursos públicos y privados.
A lo largo de todo el documento se destaca el rol central de los denunciantes confidenciales de los actos de corrupción, así como de la necesidad de proteger y fortalecer al periodismo investigativo y el imperioso requisito de conformar alianzas público privadas para combatir a la corrupción.
Entre las metas estratégicas está visibilizar a los beneficiarios finales de sociedades anónimas y entidades fantasmas, así como una mayor transparencia en el sector inmobiliario. Aquí, el gobierno de Biden reconoce que tiene que cambiar su propia legislación, para evitar que su sistema financiero y sus estructuras corporativas sean parte de esta estructura corrupta.
Una carrera contra el tiempo
Los objetivos geopolíticos tradicionales de Estados Unidos, del último siglo, privilegiaron la lealtad de gobiernos y la facilidad para las inversiones de las empresas de capital estadounidense, por encima de la buena gobernanza, la institucionalidad y el uso responsable de los fondos públicos.
Salvo muy brevemente, durante la “Alianza por el Progreso”, iniciativa lanzada por el finado presidente John F. Kennedy (1961-1963) y la política de derechos humanos del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), Estados Unidos no ha tenido ninguna política pública que se parezca a lo que Biden está promoviendo ahora.
La coyuntura para implementar esta ambiciosa agenda anticorrupción es muy crítica. China le está disputando la hegemonía económica a Estados Unidos, lo que significa que en muchos países del mundo, el gigante asiático es el principal inversionista o cliente más importante. Las reglas chinas, aunque en forma corresponden a las occidentales, tienen su propia lógica.
Por otra parte, más de 40 años de políticas económicas neoliberales han significado privatizaciones masivas, concesiones a gran escala y el desmantelamiento del Estado regulador en los países subdesarrollados, lo que le abrió la oportunidad a la gran corrupción y ha conducido a muchos naciones a la aproximación a un Estado fallido.
Quizá la principal amenaza contra la estrategia de Estados Unidos radique en la rápida digitalización de la economía global. Las criptomonedas y una nueva generación de empresas fantasmas son el nuevo rostro de la amenaza de la corrupción. Si el sistema financiero mundial no es saneado y las instituciones de control (como la justicia, las contralorías, la sociedad civil organizada y el periodismo investigativo) siguen debilitadas, el nuevo orden mundial será controlado por las redes del crimen organizado y las entidades de corrupción política. Con su estrategia anticorrupción, el gobierno de Estados Unidos parece que entendió la gran tarea pendiente.
