Los colegios y universidades particulares tendrán que dar descuentos a sus estudiantes, que van desde el 10% al 25% del total de la matrícula y anualidad. Esto, si el presidente Laurentino Nito Cortizo sanciona el proyecto de ley 508 que establece medidas para los centros educativos del país, que fue aprobado en tercer debate el pasado jueves.
El artículo 16 de la propuesta legislativa, referente a las disposiciones temporales por la emergencia nacional (Covid-19), dice que los que tengan una anualidad de $1,500 a $4,000, deberán dar 25%. En los de anualidad de $800 a $1,499, el ajuste será de 20%, y los que tengan una de $800 o menos, deberán aplicar un descuento de 10% (ver tabla).
En principio, el proyecto de ley contemplaba descuentos entre el 20% y el 30%, de acuerdo con el número de estudiantes de los planteles, sin embargo, entre debate y debate, la propuesta cambió.
Los ajustes aplicarán para la enseñanza a distancia o virtual, semipresencial y presencial. Mientras, los que aplicaron descuentos superiores a los que dispone esta iniciativa deberán mantener el pacto otorgado.
El proyecto también dice que las universidades particulares que brindan el servicio educativo por plataformas virtuales [licenciatura, diplomado, posgrado, maestrías y doctorados] no podrán negar el acceso a los estudiantes por la falta de pago de las mensualidades durante la emergencia. Sin embargo, hay condiciones para acogerse a este beneficio: el estudiante deberá acreditar la incapacidad de pago producto de la crisis.
La propuesta tiene detractores y también voces a favor. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), por separado, manifestaron ayer su oposición. La Apede pide a Cortizo que vete el proyecto porque atenta contra el principio de la empresa privada, la libre empresa y porque es una intervención directa del Estado en las relaciones contractuales entre particulares.
El Conep, por su parte, dice que el proyecto considera simetrías económicas inexistentes, y define porcentajes de descuentos antojadizos, sin conocer las estructuras de costos y gastos de los centros educativos.