Las flaquezas del Instituto Nacional de Salud Mental (Insam), ubicado en el corregimiento de Río Abajo, fueron expuestas en un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo este año.
El documento indica que el Insam no tiene protocolos con el procedimiento de tramitación y seguimiento de denuncias interpuestas por pacientes, familiares o funcionarios, en caso de malos tratos o abuso a pacientes.
Los funcionarios de la Defensoría también detectaron en algunas áreas del Insam “infraestructuras deterioradas” y mencionaron que es evidente la necesidad de contratar más personal.
En el reporte se recomienda al Ministerio de Salud (Minsa) y al Insam, crear un patronato que garantice la “sostenibilidad social” de la institución.
Para Juana Herrera, directora del Insam, si bien hay algunas carencias, se está trabajando para mejorar la atención de los pacientes.
“Evidentemente, hay un problema de infraestructura, pero hemos dado prioridad a las áreas de atención de los pacientes y a la calidad de los servicios. Nuestro personal está comprometido”, acotó.
Informe retrata las carencias dentro del Instituto de Salud Mental
Comenzaba el mes de septiembre de 2021 cuando este medio publicó varias denuncias de pacientes que habían sido víctimas de maltrato y discriminación en el Instituto Nacional de Salud Mental (Insam), en Río Abajo.
Producto de estas publicaciones, la Defensoría del Pueblo efectuó inspecciones al lugar, a propósito de constatar la situación del principal centro de atención del país en materia de salud mental.
Luego de esa labor, los funcionarios de la Defensoría —entidad llamada a fiscalizar aspectos sobre derechos humanos— elaboraron un informe que refleja las carencias de protocolos y personal, así como problemas en la estructura del Insam, que data de 1933.
En su parte medular, el documento precisa que “según información proporcionada por la subdirectora del centro, únicamente se recibió una denuncia por presunta comisión de delito sexual por una paciente del centro, luego de haber salido del mismo, la cual fue presentada ante el Ministerio Público”, en su momento.
Y añade el informe: “El Insam no ha tenido conocimiento ni recibido por parte de pacientes del centro otros casos de denuncias por situaciones similares”.
En ese contexto, los oficiales de la Defensoría recomendaron que si bien el Insam cuenta con buzones para sugerencias, no tiene protocolos con el procedimiento de tramitación y seguimiento de denuncias interpuestas por pacientes, familiares o funcionarios, en caso de malos tratos o abuso a la población de pacientes.
En esa misma línea, los instaron a realizar exámenes psicológicos y psiquiátricos periódicos al personal que se encuentre en contacto con los pacientes del centro, como medida preventiva contra posibles malos tratos, actos de tortura o vulneración a sus derechos humanos.
Infraestructura
Los funcionarios de la Defensoría también detectaron en algunas áreas del Insam “infraestructuras deterioradas”. Por ejemplo, precisaron que el área administrativa puede poner en riesgo la vida del personal del lugar y sus pacientes, a pesar de que se hacen mejoras en otras zonas de la instalación.
Otra de las flaquezas dentro del Insam es la evidente falta de personal, por lo cual la Defensoría también sugirió a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y del Insam crear un patronato que garantice la “sostenibilidad social” de la institución.
Lo anterior, con el objetivo de que pueda mantener la dotación de medicamentos necesarios para esta población y continuar subvencionando a aquellos pacientes que no tienen los medios económicos para costear su estadía en el centro.
En unas de sus observaciones finales, el informe especifica que pese a ser una entidad inclusiva, el Insam necesita elaborar protocolos de atención para los pacientes de la comunidad LGBTIQ+.
Para Juana Herrera, directora del Insam, si bien hay algunas carencias, se está trabajando para mejorar la atención de los pacientes.
“Evidentemente, hay un problema de infraestructura, pero hemos dado prioridad a las áreas de atención de los pacientes y a la calidad de los servicios. Nuestro personal está comprometido”, acotó la especialista.
Herrera, quien también dirigió el Insam entre 2004 y 2009, subrayó que en 2019 recibió la entidad con 235 funcionarios, entre personal de salud y administrativos. Apuntó que en 2009, cuando culminó su anterior administración, allí quedaron 360 colaboradores, lo que significa que se encontró con un déficit de personal.
“La disminución fue importante porque se jubilaron, porque fallecieron o renunciaron con la pandemia de la Covid-19″, dijo Herrera, quien agregó que de enero de 2021 hasta la fecha realizaron algunas contrataciones, sobre todo de auxiliares y enfermeras, para llegar a 256 trabajadores.
En cuanto al deterioro de las instalaciones, la directora indicó que en 2009 dejaron una propuesta para la construcción de un nuevo Insam —cuyo costo rondaba los $70 millones—, pero en 10 años no se le prestó atención. Espera que antes de que culmine esta administración se lleven a cabo varias mejoras dentro del centro de salud mental, para beneficio de la población que atienden y cuyo aforo está en 150 pacientes.
De acuerdo con Herrera, propuestas como un patronato son valiosas, pero en estos momentos dijo que se deben enfocar en mejorar el presupuesto anual, que asciende a sólo $2 millones. “Siempre la salud mental, no sólo en Panamá, sino en el mundo, ha sido una de las especialidades que menos recursos recibe”, manifestó.
La funcionaria aseguró que han avanzando en el tema de los protocolos para atender quejas en cada sala de esta entidad de salud.
