Ayer martes en la tarde, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 591, por el cual se reformó el Código Penal y el Código Fiscal. Estas reformas representan un cambio fundamental en el esquema de la gestión tributaria del país, y finalmente colocan a Panamá en el mismo nivel que la mayoría de los países occidentales.
Ha existido el mito de que en Panamá la evasión de impuestos es una conducta que no conlleva sanciones. En realidad, la sanción establecida por el Código Fiscal era esencialmente una multa. El cobro de impuestos supuestamente no pagados fue utilizado como una herramienta de persecución política, tanto en dictadura como en democracia.
Históricamente, desde la creación de la Dirección General de Ingresos, durante el gobierno del presidente Roberto F. Chiari, el intento de profesionalizar la gestión y cobro de los tributos se enfrentó a las distorsiones políticas de cada gobierno. La aprobación del proyecto de ley 591 judicializa la gran evasión fiscal, la de, al menos, 300 mil dólares en un año fiscal, y no solo la convierte en una acción delictiva, sino también que la establece como un delito precedente para el blanqueo de capitales.
Es este último punto el que quizás tenga mayor trascendencia. Al ser un delito precedente para el blanqueo de capitales, Panamá tiene la obligación de cooperar con la persecución de la evasión fiscal en otros países, y a la vez se debe enjuiciar a todas aquellas personas que facilitaron intencionalmente esa evasión fiscal.
La evasión fiscal, según Guillermo Cabanellas, es: “Acto o maniobra destinado a incumplir ilícitamente con las obligaciones impuestas por las leyes tributarias”. No se trata de la morosidad del pago de impuestos, sino del ocultamiento, simulación o manipulación, con el propósito de evitar o disminuir el pago de tributos más allá de lo que permite la ley.
Es precisamente esa manipulación u ocultamiento lo que deviene en blanqueo de capitales, ya que esos bienes o ingresos que están siendo evadidos deben ser blanqueados para esconderlos, y justificar su procedencia.
Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la evasión fiscal en la región latinoamericana para 2015 fue de 340 mil millones de dólares. En ese monto se incluyen esencialmente actividades lícitas, sin embargo, las actividades ilícitas también producen ingresos que son objeto de evasión fiscal. De esta forma, al tipificar la evasión como delito precedente del blanqueo de capitales, se pueden desmantelar más fácilmente las redes de corrupción y de crimen organizado que afectan al país, nadie da un recibo por una coima, ni declara impuestos sobre la renta generada por el tráfico de un kilo de cocaína. Vale la pena recordar que al capo mafioso de Chicago Al Capone lo condenaron por el delito de evasión de impuestos.
La nueva legislación representará un cambio fundamental en la plataforma de servicios legales y productos financieros en Panamá. Nuestro país puede ofrecer, como Irlanda, una baja tasa impositiva para atraer inversiones y promover la generación de riquezas en Panamá. Esto sigue siendo lícito, lo que es ilícito es diseñar esquemas o transacciones simuladas que oculten patrimonios o disminuyan ilegalmente los impuestos que una persona natural o jurídica pudiera pagar.
En el gran esquema de los movimientos de capitales del mundo, Panamá es un jugador pequeño. Sin embargo, el precedente es importante, al igual que el saneamiento de los productos y vehículos financieros panameños que contribuirán a mejorar la imagen del país, y por ende atraerá inversiones extranjeras de calidad.
El gran desafío que nos queda a los panameños es velar por que la persecución de la evasión fiscal y el combate del blanqueo de capitales producto de este delito no queden sujetos a la arbitrariedad de un gobierno de turno, ni que los encargados dentro del Ministerio Público o del órgano Judicial sean funcionarios improvisados y sin estabilidad en sus empleos.