El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró estado de excepción ayer, mientras manifestantes bloqueaban carreteras en todo el país por el aumento de los precios del combustible.
Los enfrentamientos se registran cerca de la sede de gobierno, en el centro colonial de la capital.
La policía lanzó gases lacrimógenos contra los grupos que se mantenían en las calles en abierto desafío a la medida de excepción decretada por Moreno, quien se comprometió a mantener la política de terminar con los subsidios al diésel y la gasolina, porque “ya no son costeables”, “distorsionan la economía” y “que importantes recursos del erario nacional vayan a manos de [...] personas que traficaban con el combustible [...]”.
Los manifestantes arrojaban piedras y bombas incendiarias contra la fuerza pública.
El acceso al aeropuerto de la capital, Quito, fue cortado y los conductores de autobuses, camiones y taxis usaban grúas y quemaban llantas para bloquear carreteras y puentes. Los medios de comunicación locales informaron de manifestaciones similares en todo el país, de 17 millones de habitantes.
Un balance provisional dio cuenta de 19 detenidos; no estaba disponible una cifra oficial de heridos.
El aumento del precio del combustible entró en vigencia a la medianoche, lo que provocó largas filas cuando los conductores intentaron llenar sus tanques antes del plazo límite.
Las organizaciones de transporte aseguraron el miércoles que mantendrían la huelga indefinidamente después de que Moreno anunció que daba por terminados los subsidios que le han costado a la nación decenas de miles de millones de dólares desde su introducción en la década de 1970.
Tras una reunión de gabinete en el palacio presidencial, Moreno dijo que estaba abierto a discutir la situación, pero se negó a revertir la decisión y prometió abrir las carreteras.
El martes, Ecuador dijo que renunciaría a la Organización de Países Exportadores de Petróleo para evitar tener que recortar la producción para cumplir con las cuotas. Y un día después, el gobierno informó que la suspensión de los subsidios a los combustibles más baratos y utilizados les permitiría disponer de mil 500 millones de dólares para afrontar los problemas financieros del Estado.
La decisión de eliminar estos subsidios también le abre la puerta a créditos por más de 4 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un plazo de tres años.
La eliminación de los subsidios conllevó la entrada en vigencia de aumentos a los precios de los combustibles de hasta 123%.
Moreno ordenó el estado de excepción por 60 días en un intento por frenar el creciente malestar social ante el paquete de medidas convenido con el FMI.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló a la prensa que bajo el estado de excepción militares y policías trabajarán en conjunto para restablecer el orden.
Con la medida, el gobierno también suspende el ejercicio del derecho a libertad de asociación o reunión en espacios públicos y limita el derecho a la libertad de tránsito en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de los ciudadanos.