Las empresas que hayan sido condenadas o aceptado la comisión de actos de corrupción podrían quedar excluidas de contratar con el Estado, según una propuesta de modificación presentada al proyecto de reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas.
El debate se reabrirá mañana en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional y esta misma semana las modificaciones propuestas podrían ser sometidas a votación.
Se propone excluir de licitar con el Estado a las empresas que hayan sido condenadas en un tribunal panameño o extranjero por haber cometido delitos contra la administración pública, el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública.
Raphael Fuentes, director de Contrataciones Públicas.
También se plantea impedir que el Estado contrate a las empresas que hayan llegado a acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena en los cinco años que anteceden a la convocatoria de un acto público, habiendo reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, entre otros.
Igualmente se busca limitar que el Estado contrate a empresas que hayan donado a los candidatos que participaron en las campañas presidenciales.
El diputado independiente Gabriel Silva adelantó que esta semana propondrá que aquellas empresas que hayan donado más de $50,000 a campañas políticas no puedan ser contratistas del Estado si el candidato al que apoyaron resulta electo.