Luego de un proceso que se ha extendido por al menos 13 años, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales abrió causa criminal contra el exdiputado Francisco Toto Ameglio y su excolaboradora Guadalupe Alvarado, por presunto peculado en perjuicio del extinto Fondo de Inversión Social (FIS).
El juzgado también concedió un sobreseimiento provisional a otras 11 personas que fueron investigadas por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, pero contra las que no encontró evidencias que sustentaran la apertura de juicio en su contra, ya que se trataba de proveedores a quienes se les habían girado algunos cheques.
La investigación se inició en el año 2008, a raíz del informe de auditoría No 510-003-2007-DAAG de la Contraloría sobre la entrega al Monasterio de la Visitación Santa María de Panamá de $380 mil, fondos provenientes del FIS. La auditoría reveló la existencia de irregularidades en la ejecución de siete proyectos en los que el FIS entregó cheques que fueron recibidos por Guadalupe Alvarado.
Según el informe, “no hubo prudencia en el manejo de los fondos asignados para la realización de las obras”.
El documento también precisa que la asistente de Ameglio era quien administraba los fondos.
En este caso se estableció que a través del ejercicio de su cargo, Ameglio presuntamente utilizó el monasterio para obtener fondos del FIS y se determinó que existen varias irregularidades con relación a la documentación que sustenta la ejecución de siete proyectos comunitarios para los cuales el FIS giró 7 cheques, que fueron recibidos por subalternas de Ameglio, para luego depositarlos en cuentas del Banco Nacional a nombre del Monasterio de la Visitación de Santa María de Panamá.
Asimismo, destaca que la vinculación de Guadalupe Alvarado con los hechos, surge a raíz de que como encargada de la administración y manejo de los fondos concedidos a la congregación religiosa para los proyectos, no presentó ante el FIS documentación alguna que sustentara el desembolso de cada cheque.
El fallo precisa que Ameglio, en el ejercicio del cargo de diputado, presuntamente utilizó el Monasterio de la Visitación de Santa María de Panamá como intermediario frente al FIS, con el fin de obtener fondos de esta institución mediante contratos de apoyo económico, no reembolsable, para las comunidades de su circuito 8-10, pero no hay constancias de que estos fondos hayan sido debidamente utilizados para los fines establecidos en las cláusulas contractuales.
Para llegar a esta decisión, el juzgado valoró las declaraciones de al menos cinco residentes del circuito 8-10, quienes alegaron haber recibido ayudas económicas, sin que existiese de por medio algún estudio que justificara el apoyo ofrecido para realizar actividades políticas en ese circuito. También tomaron las declaraciones de la monjas del convento, quienes revelaron que quien se encargó del manejo de los fondos y la administración del proyecto fue Guadalupe Alvarado.
Más de la mitad de los casos que investigó el Ministerio Público (MP) en los últimos años, relacionados con supuesta malversación de fondos públicos a través del FIS y del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), ha tenido poco avance en los tribunales. Un reciente informe reveló que de 14 casos por supuestas irregularidades en el PAN (hoy Dirección de Asistencia Social) que se han enviado a los tribunales, solo en uno se ha logrado condena.
Mientras que el resto de los procesos se encuentra empantanado por recursos y apelaciones.