La jurista Eva Sosa, exfiscal de una extinta comisión antimafias auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Guatemala, fue detenida ayer al comparecer ante un juzgado que investiga su actuación en ese organismo.
Sosa, quien integró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se presentó en el tribunal al que había sido citada para aclarar su situación legal, pero de forma inesperada fue detenida y llevada a la cárcel del lugar, observó un fotógrafo de la agencia noticiosa AFP.
La exfiscal está bajo investigación por “cooptación y corrupción judicial ... el caso está bajo reserva”, dijo a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.
Sosa quedó a la espera de que el juez decida si la manda a prisión o a detención domiciliaria.
La abogada Leyli Santizo, quien fue mandataria durante 11 años de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente de la ONU, fue detenida el viernes pasado bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia.
Santizo fue llevada ayer al juzgado para su primera declaración.
La detención de Santizo provocó que Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos expresaran preocupación por la persecución penal contra operadores de justicia.
A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, después de la destitución del entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por seguridad, según dijo.
Estados Unidos, dijo entonces, que le perdió la “confianza” a Porras.
El nuevo fiscal, Rafael Curruchiche, es señalado por activistas anticorrupción de perseguir a opositores y está a cargo de la investigación de las juristas detenidas.
La CICIG apoyó a la Fiscalía para enjuiciar a políticos, militares y empresarios considerados intocables, y dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020).
Morales fue luego acusado de corrupción electoral por ese órgano y por la FECI.
Ambas organizaciones destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.
