Importadora Ricamar, S.A., empresa relacionada con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y que opera los supermercados Súper 99, es la persona jurídica imputada en el caso de los sobornos de Odebrecht para la que la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió llamamiento a juicio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
El pasado 12 de abril, el Ministerio Público (MP) informó en un comunicado que por este proceso solicitó enjuiciar a 50 personas naturales y una jurídica, así como el sobreseimiento de otras 29.
La presunta relación con el caso de Importadora Ricamar S.A. –cuyo actual presidente y representante legal es Alejandro Garuz Adames, según el Registro Público– se habría conocido en octubre de 2018, a raíz de que el entonces Juzgado Duodécimo Penal (hoy Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales), a cargo en esa fecha del juez Óscar Carrasquilla, negó un recurso de nulidad a Martinelli, alegando que “no observaba” que el Ministerio Público lo investigara, pues la potestad de investigarlo la tenía la Corte Suprema de Justicia, ya que en esa fecha era diputado del Parlamento Centroamericano.
Por ese entonces, la fiscalía llevaba a cabo una serie de diligencias de investigación en torno a Importadora Ricamar, S.A.
Este medio efectuó ayer tres llamadas a uno de los abogados de Martinelli, Ronier Ortiz, para que diera su versión sobre esta información, pero no respondió. En cambio, otro de sus representantes, Luis Eduardo Camacho González, dijo que ahora mismo no está al tanto del tema y que no tiene información ni detalles de la vista fiscal.
