A un lado han dejado los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional –que dirige el perredista Víctor Castillo–, el proyecto de ley 625, que adopta en el país la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.
Ello, a pesar de que el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, les ha pedido en reiteradas ocasiones discutir la propuesta, que presentó en abril pasado ante el pleno de la Asamblea.
Recientemente, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Panamá, Stewart Tuttle, dijo que con la aprobación de la ley de extinción de dominio “nadie honesto ni honrado tiene nada que perder. Los únicos que deben temer son los delincuentes y corruptos”.
Hay quienes señalan que esta propuesta podría correr la misma suerte de otras dos iniciativas similares, que quedaron engavetadas en el Legislativo. La primera fue presentada en 2014, por la entonces procuradora Ana Belfon, y la otra en 2016, por la entonces diputada Ana Matilde Gómez.
Diputados ignoran proyecto de ley de extinción de dominio
Pese a que varias autoridades internacionales han sugerido a Panamá la puesta en vigencia de una ley de extinción de dominio de bienes de procedencia ilícita, a fin de combatir el crimen organizado, el proyecto de ley 625 –que aborda la materia– sigue sin ser discutido en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Para algunos miembros de esa instancia legislativa, éste es un tema que debe ser analizado con detenimiento. Otros opinan que el debate del proyecto de ley 625 debe ser el primer punto de la agenda el próximo periodo legislativo, que arranca en enero de 2022.
¿Por qué la iniciativa de ley no ha sido agendada todavía para debate? Es una interrogante cuya respuesta pidió este medio al presidente de la comisión, el diputado perredista Víctor Castillo, pedro hasta la hora del cierre de esta edición no había respondido ni las llamadas ni las notas enviadas.
Llamados de atención
El pasado viernes, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en el país, Stewart Tuttle, dijo a La Prensa que con la aprobación de la ley de extinción de dominio, nadie honesto ni honrado tiene nada que perder. “Los únicos que deben temer son los delincuentes y corruptos”, consideró.
Opinó que esta ley es una gran oportunidad para el país. “Todos sabemos que, especialmente en esta época, hay muchas necesidades en educación, seguridad y programas sociales, y lo que lograría esa ley es que el Estado pudiera confiscar los bienes mal adquiridos de delincuentes y destinarlos a las necesidades del pueblo”, dijo.
En agosto pasado, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, advirtió a Panamá –en el “Encuentro Regional sobre Tendencias, Tráfico de Drogas durante la Pandemia”, que se llevó a cabo en el país con funcionarios de fiscalías y ministerios públicos de Centroamérica y Suramérica– la necesidad de implementar la extinción de dominio para combatir el narcotráfico.
Manifestó que la figura de la extinción de dominio es fundamental para poder tener una estrategia conjunta y completa contra el narcotráfico y diferentes formas de criminalidad.
Informó que en el último año y medio, en Colombia, se han extinguido 4 mil millones de dólares en bienes del narcotráfico, delincuencia organizada y criminalidad.
“Panamá debe acompañar esa estrategia, porque de lo contrario queda incompleta esa lucha contra la criminalidad, pues la figura de la persecución penal debe ir acompañada de medidas cautelares con fines de extinción de dominio para que esos recursos redunden en beneficio de los panameños”, enfatizó.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, ha pedido a la Asamblea en reiteradas ocasiones que analice y apruebe el proyecto. De hecho, hace un mes, en una de sus últimas declaraciones sobre el tema, dijo: “tenemos que atacar las finanzas de estas bandas criminales, porque a las personas se les pone en buen recaudo, pero sus finanzas muy poco se les toca”.
“Panamá necesita de hombres y líderes fuertes que se atrevan. Aquí el que no se atreve es por algo, pero esa es una ley que funciona [...] Lo que queremos ahora es el apoyo de la Asamblea para que eso se consiga”, acotó.
El proyecto de ley, presentado por el propio Pino el 28 de abril pasado, consta de 94 artículos y permitiría el embargo de bienes particulares comprados, usados o destinados a la comisión de delitos.
Desde la Comisión
La diputada del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Corina Cano, dijo que el proyecto debe ser analizado, porque “debe estar en armonía con los principios constitucionales que tiene toda investigación penal”.
Mientras, el independiente Juan Diego Vásquez, dijo que también desconoce por qué no se ha agendado el debate e indicó que la propuesta es fundamental y necesaria. “El tiempo para este periodo es corto, pero si dependiera de mí, fuera prioridad en enero 2022″, añadió.
Por su parte, el perredista Roberto Ábrego, miembro de la comisión (al igual que Cano y Vásquez), señaló que debido a la cantidad de proyectos pendientes no tenía conocimiento si el 625 sería discutido en este periodo, pero consideró que todos deben ser debatidos.
Completan la Comisión de Gobierno otros cinco diputados: Benicio Robinson y el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, del PRD; Marylín Vallarino y Hernán Delgado, de Cambio Democrático, y Luis Ernesto Carles, del Panameñista.
Este medio conoció que la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático (cuyo jefe es Jairo Salazar) discutiría el tema a lo interno, antes de agendarlo en la comisión.
Los intentos
Al menos tres intentos se han dado en el país para aprobar una ley de extinción de dominio.
El primero lo hizo en 2014 la entonces procuradora Ana Belfon, quien presentó una iniciativa que quedó durmiendo el sueño eterno en la Asamblea.
Luego, en 2016, la también exprocuradora y entonces diputada independiente Ana Matilde Gómez insistió con la propuesta, que aunque fue discutida en primer debate, no pasó el filtro en el pleno.
Ahora, Pino presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional la propuesta 625, que surgió de una mesa técnica en la que participaron los ministerios de Seguridad Pública y de Economía y Finanzas, el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
El objetivo de la propuesta es establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia.
Panamá está entre los países rezagados de la región que no tiene esta norma, ya vigente en Colombia, México, Argentina, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Honduras.
