El alcalde capitalino José Luis Fábrega explicó en el día de ayer su negativa a firmar el Acuerdo Municipal aprobado el pasado martes 21 de abril, que establecía -entre otras medidas- el uso obligatorio de las mascarillas en el distrito de Panamá.
La posición de Fábrega se sustenta en dos argumentos principales. El primero es que no hay disponibilidad suficiente de mascarillas en el país para establecer dicha obligación.
La segunda razón es que las sanciones de trabajo comunitario para aquellos que incumplan la medida podría ser un mecanismo para propagar el virus que causa la Covid-19.
La decisión de Fábrega paraliza la entrada en vigencia del Acuerdo Municipal, ya que sin la rúbrica del alcalde esta norma jurídica no tendría vigencia.
Los argumentos de Fábrega son concretos, y apuntan hacia la debilidad de los municipios para enfrentar la pandemia. Si el municipio más próspero de la República carece de la capacidad económica para sufragar la compra de mascarillas, y está a la expectativa de que el Ministerio de Salud u otra autoridad lo haga, entonces qué se puede esperar del resto de los municipios.
El municipio de Panamá tiene recursos suficientes para lanzar su propia iniciativa sanitaria y asistencial, ya que en el presupuesto municipal de este año hay 30 millones de dólares autorizados por el Consejo Municipal para iniciar los trabajos de la playa artificial frente a la Avenida Balboa.
Bastaría que el alcalde le indicara al Concejo su interés de hacer esto, para reasignar estos fondos y contribuir con la salud y el bienestar de los capitalinos.