La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantuvo la vigencia del artículo 259 del Código Electoral, que permite a los políticos electos a un cargo de elección popular, como los diputados, no ser investigados por el Ministerio Público si previamente el Tribunal Electoral (TE) no ordena el levantamiento del fuero penal electoral.
Esto se desprende del fallo que el pasado 19 de julio emitió la Corte Suprema, bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez Reyes, que declaró que el citado artículo no es inconstitucional.
La demanda fue presentada en 2017 por el entonces fiscal de drogas Markel Mora, en representación del Ministerio Público, que cuestionó específicamente la frase que impide que sujetos aforados puedan ser investigados penal, policiva o administrativamente, sin autorización previa del TE.
Según la demanda de Mora, esto riñe con las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, en cuanto a la persecución del delito.
El Código Electoral, en su artículo 259, cita: “El fuero electoral penal es la garantía procesal que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de los partidos legalmente constituidos, los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces para que no puedan ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa del TE, salvo en caso de flagrante delito”.
El fallo señala que el fuero electoral tiene su génesis en el interés de garantizar la completa independencia y seguridad a ciertas personas, principalmente políticos, para que desarrollen sus acciones libremente, sin ningún tipo de amenaza por razón de sus ideas, opiniones o actividades de carácter público.
La decisión también destaca que los fueros, en general, constituyen mecanismos temporales de protección, concebidos en cumplimiento del deber del Estado de garantizar derechos constitucionales de un grupo de personas, debido a la condición que poseen.
No obstante , la Corte advirtió que “el fuero electoral no fue diseñado como una fuente de privilegios de los individuos por su condición de funcionario electoral o delegado de un partido [para cuando] sea detenido en un causa criminal, de policía o administrativa, sino como una protección a la función que dichos ciudadanos llevan a cabo, es decir para proteger la democracia”.
El fuero electoral es un obstáculo de la justicia
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, mantener el fuero electoral es un obstáculo para que la justicia funcione.
Araúz aseguró que este beneficio que se da a los políticos nunca será aceptado por la sociedad, ya que se trata de una protección adicional ante una posible investigación penal.
Precisó que, al final, el fuero electoral se convierte en impunidad.
Recalcó que si la justicia panameña se manejara con altos estándares de independencia, nadie en el país necesitaría del fuero electoral, ya que habría certeza de que los operadores de justicia actuarían sin sesgos.
En tanto, Roberto Troncoso, quien integra la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) 2020, estimó que en este caso corresponde a la Asamblea Nacional reivindicarse y aprobar una ley derogando este beneficio.
Troncoso aseguró que muchos políticos, incluyendo diputados, han usado el fuero electoral para destruir reputaciones o eludir investigaciones penales.
Alegó que se trata de una circunstancia que pone en desventaja al ciudadano común de aquellos que reciben el beneficio de ostentar un cargo aforado.
Troncoso recordó que durante las conversaciones dentro de la CNRE, los miembros de los partidos políticos se han mostrado opuestos a introducir cambios en el tema del fuero electoral.
“Nunca se ha llegado a un consenso sobre el fuero electoral, a pesar de las críticas que mantienen los políticos por esta protección”, manifestó.