Como un ataque a la libertad de información calificaron representantes de la sociedad civil la decisión del Primer Tribunal Superior de ratificar la medida que prohíbe a La Prensa reportar sobre una investigación que sigue el Ministerio Público al abogado Janio Lescure.

Por ejemplo, la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Sabrina Bacal, advirtió que esa decisión no solo viola el derecho de los ciudadanos a estar informados, sino que al aplicarla a un medio de comunicación vulnera la libertad de prensa y de expresión.

Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recalcó que se trata de una decisión poco garantista frente a posibles violaciones de las garantías constitucionales.

Lee tildó de grave la decisión del Tribunal de invocar asuntos formales para no admitir el amparo interpuesto por La Prensa en este caso y, por tanto, no asumir como Estado la violación de derechos humanos.

Recalcó que el derecho a estar informado está amparado en convenios internacionales suscritos por Panamá.

‘Fallo del Primer Tribunal viola el derecho a la información’

Como un atentado a la libertad de información calificó la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Sabrina Bacal, el fallo del Primer Tribunal Superior que ratificó la restricción impuesta al diario La Prensa para reportar incidencias de la investigación que sigue el Ministerio Público al abogado Janio Lescure.

Según Bacal, “la decisión no solo afecta el derecho de acceso a la información de interés público de los ciudadanos, si no que al aplicarse a un medio, vulnera las libertades de prensa y de expresión”.

A su juicio, desde el momento en que conoció el fallo, el CNP concluyó que se trata de decisiones judiciales que infringen derechos básicos, generan censura institucional y dañan la imagen de Panamá.

Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que la sentencia marca una tendencia poco garantista frente a posibles violaciones de las garantías constitucionales.

Lee afirmó que las tendencias modernas del estado de derecho dan prioridad a la protección de los derechos humanos, no solo aquellos estipulados en las normas nacionales, sino todos los que se reconocen en convenios internacionales, por lo que invocar asuntos formales para no admitir y, por tanto, no asumir como Estado la protección de las violaciones de los derechos humanos, es grave.

Además, recalcó que estar informado es un derecho protegido por las convenciones de derechos humanos y, por tanto, es obligación de todos los funcionarios ejercer lo que en la doctrina se denomina “control de la convencionalidad.”

Explicó que esto alcanza mayor relevancia cuando un ciudadano particular o un medio de comunicación invoca la protección del Estado. Es, entonces, cuando el derecho a estar debidamente informado debe convertirse en la prioridad de los tribunales.

Puntualizó que el fallo del Tribunal no solo afecta la libertad de expresión de un medio, sino el derecho de los ciudadanos a acceder a la información adecuada, lo que es más grave aún.

En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, destacó que los debates judiciales van poniendo la necesidad de nuevos límites en cuanto a las libertades individuales.

Dijo que existen claras deficiencias en la legislación vigentes, por lo que se requieren reformas que no otorguen tanta discrecionalidad a los magistrados y jueces para interpretar las leyes.

Araúz reconoció que el derecho a la información es un derecho fundamental de todo ser humano y debe ser reconocido por todas las autoridades.

Según su criterio, a todas luces hace falta una evolución de la justicia nacional hacia la protección de los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos en todo momento.

Y es que, advirtió, el conjunto de normas contenidas en el Código Penal no contempla la protección de cierto tipo de derechos.

Para Araúz, se hace necesaria una aplicación amplia de las normas cuando se refieren a la violación de garantías constitucionales.

A su turno, el abogado Ernesto Cedeño estimó delicada la decisión del Primer Tribunal, que limita el ejercicio de la libertad de prensa.

Cedeño indicó que es lamentable que operadores judiciales decidan qué puede ver, escuchar o leer el ciudadano común.

Así mismo, recalcó que el operador judicial debe permitir a los periodistas que honren el artículo 37 de la Constitución, inherente a la libertad de expresión.

Dijo que resulta peligroso que los jueces concedan medidas cautelares que restringen dicha la libertad.

En fallo del pasado 24 de septiembre de 2020, el Primer Tribunal Superior ratificó la prohibición impuesta al diario La Prensa de reportar detalles sobre la investigación que adelanta el Ministerio Público sobre actividades del abogado Janio Lescure.

El fallo del Primer Tribunal de Justicia ratificó una decisión de la jueza de garantías Elkis Martínez, que aplicó la censura a La Prensa como parte de un proceso por delitos contra el honor presentado por Lescure contra el periodista Rolando Rodríguez, tras la publicación de reportajes.