El sistema penal acusatorio fue creado mediante Ley 63 del 28 de agosto de 2008.
Esta norma surgió de un acuerdo previo suscrito en el seno del Pacto de Estado por la Justicia de 2005.
El modelo acusatorio es un sistema que busca, a través de un proceso legal, responder en corto tiempo las denuncias de delitos.
El fiscal, la defensa y la víctima tienen iguales oportunidades para ser escuchados, y las decisiones están a cargo de un juez.
El gobierno pasado mostró poco interés en implementarlo y bajo el argumento de falta de recursos pospuso su entrada en vigencia.
En agosto de 2009, mediante la Ley 48, poco antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, la Asamblea decidió posponerla por dos años, iniciando su aplicación el 2 de septiembre de 2011 en Coclé y Veraguas.
Luego, en 2012, se inició en Herrera y Los Santos; en 2014, en Chiriquí y Bocas del Toro; y finalmente, en 2016, se aplicará en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas.
La falta de recursos es aún el principal tropiezo. El Ministerio Público reclama $5 millones para implementar el nuevo sistema en el Primer Distrito Judicial. El Órgano Judicial, a su vez, solicita que se le cumpla con la asignación de una partida de $20 millones que está pendiente.