La constructora española Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC) y el Ministerio Público (MP) sostienen conversaciones con miras a la posible firma de un acuerdo judicial.
El pacto se haría sobre la base de las investigaciones que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción por el presunto pago de sobornos por parte de la constructora para adjudicarse proyectos viales en la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Fuentes del MP informaron que los acercamientos de la empresa vienen dándose desde antes de la emergencia nacional decretada por la pandemia.
Debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, la empresa ha mantenido las conversaciones por vía electrónica, indicó una fuente cercana al proceso.
Se ha estado “en negociaciones con la persona jurídica para lograr una salida alterna al conflicto y la reparación del daño al Estado”, dijo la fuente.
Estos son los primeros pasos de un posible acuerdo a partir de la investigación que la fiscal especial anticorrupción Ruth Morcillo inicio el 19 de mayo de 2017.
El proceso se inició con una auditoría de la Contraloría General de la República, que reveló un posible sobreprecio de 41 millones 761 mil dólares en la construcción del Corredor Vía Brasil, Tramo II, obra que fue licitada por $174.5 millones, pero terminó costando $216.2 millones.
Lo que dice la ley
Los acuerdos de pena o de colaboración eficaz para este tipo de procesos se sustentan en el artículo 24 de la Ley 4 del 17 de abril de 2017.
Dicha norma señala lo siguiente: “El Ministerio Público y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar acuerdos de pena o colaboración, a partir de la diligencia de orden de indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria”.
Con base en lo anterior, los acuerdos están supeditados a “la aceptación del imputado de los hechos de la resolución de indagatoria, o parte de ellos, así como la pena a imponer”.
Asimismo, se supeditan a “la colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución o que se realicen otros delitos, o el aporte de información esencial para descubrir a sus autores o participes” , según se detalla en el artículo.
De acuerdo con la ley, todo acuerdo deberá ser aprobado por un juez competente, mediante un acto de audiencia.
Las delaciones
Supuestamente, FCC pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas, entre 2009 y 2014, para el reordenamiento vial en la capital.
Así lo revelaron a la fiscalía Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de la constructora española.
Bajo juramento, ambos declararon al Ministerio Público que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Pepe Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014 debían “pagar una coima del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos.
Los colaboradores de FCC señalaron que esto también se hizo con otras empresas, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco.
Estas constructoras, dijeron los colaboradores de FCC, se reunieron en las oficinas de Odebrecht, en el edificio Torre de las Américas, para repartirse las obras del reordenamiento vial, así: FCC: vía Brasil tramo I y II; consorcio Ica-Meco: trabajos en la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht: proyecto de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá.
Estatus del caso
Estas declaraciones podrían estar en riesgo, luego de que el 30 de enero pasado el Segundo Tribunal Superior anuló la decisión del Juzgado Undécimo Penal de declarar esta causa como compleja y dar a la fiscalía año para acabar la pesquisa.
Frente a esa decisión del Tribunal Superior, la fiscal Morcillo interpuso en abril pasado ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales que aún no ha sido resuelto.
Asimismo, la fiscalía espera respuesta de al menos cinco asistencias judiciales enviadas a Costa Rica, España, Países Bajos y Suiza.
La dirigida a España tiene como propósito recibir los descargos de un excolaborador de la empresa constructora. En las otras asistencias se solicitó información de cuentas bancarias “de sociedades constituidas para blanquear dinero”, según información de la fiscalía.
