En la investigación que la Fiscalía Séptima Anticorrupción adelanta sobre el manejo irregular de los subsidios entregados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a la Federación Panameña de Baloncestos (Fepaba), se descubrió la creación de la sociedad Eade Group, S. A., que presuntamente operaba como fachada para el desvío de fondos públicos.
La sociedad tenía su sede en el edificio Salduba, en Marbella, oficinas que estaban alquiladas por el Partido Panameñista.
En la audiencia celebrada ayer por este caso se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito de malversación de fondos al exdirector de Pandeportes, Mario Pérez, y por supuesto blanqueo de capitales y malversación de fondos a Ulrich Ronner, secretario de Fepaba, y César Tejada, exconductor del exdiputado y exsecretario del Panameñista, Adolfo Beby Valderrama.
La fiscalía reveló que logró establecer que Eade Group fue contratada para prestar servicios de seguridad a la Liga Profesional de Basquetbol (LPB), pese a que reportes del Ministerio de Seguridad señalan que dicha empresa no está registrada para ofrecer ese servicio.
La fiscal Leyda Sáenz citó el testimonio de Aicet Aguirre, quien dijo que César Tejada le pidió cambiar una serie de cheques con el argumento de que su empresa (Eade Group) enfrentaba problemas financieros. El propio Tejada habría ido al banco a cambiar los cheques.
Aguirre declaró que nunca trabajó en una empresa de seguridad y que el dinero se lo entregó a Tejada.
La fiscal relató que le tomó una declaración al expresidente del Partido Panameñista, el exdiputado José Luis Varela, quien aceptó que esta agrupación política mantenía dos apartamentos en el edificio Salduba, pero que nunca autorizó que fueran subarrendados.
Sáenz también mencionó la entrega de un cheque por $198 mil pagado por Pandeportes a Fepaba como apoyo económico y gastos deportivos para la clausura de la LPB. La Contraloría había advertido que la citada liga no contaba con personería jurídica, pero los desembolsos fueron autorizados por Mario Pérez como director de Pandeportes.
La fiscal dijo que William Murillo, funcionario de la Asamblea Nacional adscrito a la oficina de Valderrama, al referirse a la supuesta nota que envió a Pandeportes para pedir apoyo para celebrar una liga de baloncesto en Hato Pintado, aclaró que la firma que aparecía allí no era de él.
Además, en la audiencia se citó un informe preliminar de los auditores de la Contraloría, en los que se detalla una serie de anomalías en el manejo de fondos que daba Pandeportes a diferentes federaciones deportivas.
Por ejemplo, supuestas mejoras a canchas en San Miguelito que nunca se concretaron, dinero que se usó en rubros no autorizados, desembolsos sin documentos que los sustentaran y facturas escritas a mano a nombre de Pandeportes para arreglos de canchas en Chepigana, Darién.
Según la fiscal Sáenz, todas estas actividades demuestran el manejo irregular de fondos públicos, algunos de los cuales fueron desviados a una sociedad ficticia.
La jueza de garantías Irene Cedeño acogió la petición de la fiscal de separar a Ulrich Ronner del cargo de secretario de Fepaba y, además, le prohibió acercarse a las oficinas Pandeportes. También debe reportarse los días 7 de cada mes.
También ordenó la medida de notificación los días 7 de cada mes a Mario Pérez y a César Tejada, pero rechazó imponerles un impedimento de salida del país a cada uno.
Orlando Castillo, abogado de Pérez, alegó que su cliente no tiene vinculación alguna con las irregularidades investigadas por la fiscalía.
Castillo dijo que el cheque de $198 mil firmado por su cliente corresponde a gastos de la Lotería, que fueron destinados a un torneo que sí se jugo y que de ello hay videos y otras pruebas que lo demuestran. Además, que de ello existe un informe de auditoría.
Mientras que Genarino Rosas, abogado de Ulrich Ronner, dijo que la fiscalía le ha imputado delitos de blanqueo de capitales a su cliente sin haber establecido el delito precedente y que, además, le han formulado cargos por delitos contra la administración pública sin un informe de auditoria final.
En el caso de Valderrama, su audiencia fue reprogramada para el 3 de enero próximo. El exdiputado indicó que se le había designado a un defensor público; sin embargo, él contrató un abogado particular para su defensa.
Esta nota fue modificada a la 1:10 p.m. del sábado 28 de diciembre de 2019. En su versión original, se informó que la sociedad se denominada Bade Group, S.A. Lo correcto es Eade Group, S.A...
