Luego de dos meses de investigaciones, la Fiscalía Especial Anticorrupción analiza sumar cargos por delitos contra la salud pública en el proceso que adelanta por las dos jornadas de vacunación anticovid clandestinas efectuadas el 1 y 7 de junio pasado en Punta Pacífica y Coco del Mar, respectivamente.
Fuentes ligadas a las pesquisas informaron ayer a este diario que el análisis se sustenta en los resultados de las pruebas que peritos del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud aplicaron a 16 de las 32 personas que acudieron a dichas jornadas y que presuntamente fueron vacunadas.
Las pruebas realizadas por el Gorgas confirmaron que 3 de las 16 personas salieron positivas para los anticuerpos “S” (antígenos de superficie) y “N” (del núcleo viral), lo que quiere decir que estuvieron expuestas al virus.
De acuerdo con las fuentes, la fiscalía también ha tomado en cuenta otras evidencias obtenidas en medio de la investigación que, sin embargo, no detallaron.
Por este caso solo está detenido el supuesto vacunador, Matías Pérez Escudero, a quienes ya se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa, contra la fe pública (falsedad ideológica) y ejercicio ilegal de la profesión (de médico). Ahora, según lo dicho por las fuentes, se le añadirían cargos por delitos contra la salud pública.
La fiscalía también está tras la pista de un hombre conocido como Aron, quien supuestamente acudió con Pérez Escudero a las jornadas y era el encargado de cobrar $200 a cada persona por cada dosis de la supuesta vacuna anticovid.
Hasta ahora no han sido imputadas Denisse Vega de Murzi, dueña del edificio donde se realizó la jornada en Coco del Mar, ni Celine Gazal de Esses, que tramitó la otra jornada en Punta Pacífica.
Pérez Escudero ofreció a la fiscalía colaborar con la investigación a cambio de que se le concediera una medida de arresto domiciliario, pero esta propuesta no fue aceptada por las autoridades, que afirmaron tener suficientes elementos para vincularlo con el proceso.
La fiscalía tiene seis meses para concluir las investigaciones, por lo que sigue realizando diligencias con miras a esclarecer los hechos.
