Alegando que se trata de un tema “administrativo”, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público (MP) archivó la investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato de $168 millones por parte la Caja de Seguro Social (CSS) para almacenar y distribuir medicinas.
El contrato fue asignado al Consorcio Salud en Control, conformado por la empresa panameña PMG Logistics Corp., y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., también conocida como Intermed, sociedad investigada en su país por supuestos actos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones simuladas, de acuerdo con medios de México.
El Ministerio Público cierra otro caso surgido en medio de la pandemia
El 17 de abril de 2020, el Ministerio Público informó al país que había iniciado una investigación sobre la actuación de la Caja de Seguro Social (CSS) en la adjudicación de un contrato por $168 millones para almacenar, distribuir y entregar medicinas.
Por esos días, se reportó que el contrato había sido asignado al Consorcio Salud en Control, integrado por la panameña PMG Logistic Corp y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, conocida también como Intermed, sociedad investigada en su país de origen por supuestos actos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones simuladas, de acuerdo con reportes periodísticos de México.
El tema ocasionó duras críticas por parte de distintos grupos de la sociedad civil.
El 11 de abril de 2020, en medio de uno de los periodos más complejos de la pandemia de la Covid-19, el presidente Laurentino Nito Cortizo anunció que la contratación quedaba suspendida. Ese día, la CSS publicó un comunicado en el que decía que la suspensión era hasta que se superara la crisis sanitaria en el país.
Más de un año después del hecho y de que se iniciara la investigación del Ministerio Público, se conoció que la Fiscalía Anticorrupción cerró el caso alegando que era un tema administrativo.
Sin embargo, nunca se informó detalles del proceso: ¿cuántas personas investigaron?, ¿a cuántas imputaron?, ¿qué documentos revisaron?, ¿hubo algún funcionario involucrado?, entre otros.
No es el único caso surgido en medio de la pandemia que cierra el Ministerio Público. En julio de este año, se informó que la fiscal Anilú Batista archivó el caso relacionado con posibles irregularidades en la construcción del hospital modular de Albrook. La fiscal alegó que no identificó un hecho delictivo, entre otras cosas.
Poca transparencia
Sobre la pesquisa que siguió el Ministerio Público sobre el contrato de la CSS para almacenar medicamentos, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, tiene preguntas. Dijo que, a su juicio, no se ha dado “argumentación clara ni transparente” de por qué la CSS contrató a esta empresa y no a otras.
Mientras que Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, cuestionó la poca transparencia del Ministerio Público al momento de dar a conocer el curso de las investigaciones. Sugirió que se debería tener “una línea de comunicación muy sencilla” para dar a conocer las motivaciones y explicaciones que la sociedad necesita comprender, referente a los casos judiciales.
La Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, también abrió un proceso sobre este caso y puso la lupa en un viaje a México que hicieron miembros de la directiva de la CSS, supuestamente pagado por la empresa contratista. La pesquisa determinó que el viaje fue pagado por un particular presuntamente vinculado a una empresa que licitaba con la entidad.
