Justicia

Fiscalía elabora vista fiscal de FCC

Fiscalía elabora vista fiscal de FCC
El contrato para la fase II del corredor Vía Brasil se firmó en 2011 entre el MOP y FCC. Archivo

La Fiscalía Especial Anticorrupción concluyó la fase de investigación y ahora elabora la vista fiscal en el caso de los presuntos sobrecostos y blanqueo de capitales en el contrato de la fase II del Corredor Vía Brasil, proyecto ejecutado por Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC).

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la fiscalía cerró las pesquisas luego de analizar una asistencia judicial de Suiza que recibió en diciembre pasado. Se aportaron datos sobre una serie de cuentas bancarias a las que fueron transferidos fondos relacionados con la empresa FCC.

Dichas cuentas se movieron a través de sociedades relacionadas con varios de los imputados en esta investigación. Algunos de estos fondos están relacionados con la investigación de sobrecostos con el proyecto de la línea uno del Metro de Panamá, a cargo de FCC y su socia Odebrecht.

España

Hace poco, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano encargado de investigar delitos de crimen organizado en la Policía Judicial de la Guardia Civil de España, acreditó por lo menos $41 millones en comisiones pagadas por FCC, para obtener contratos con el Estado. Estos fondos, según este informe, fueron desviados a través de la Caja B de Odebrecht, en apenas 10 meses, entre los años 2012 y 2013.

Los datos, dados a conocer por el sitio digital La Información, revelan que $73.7 millones de fondos públicos panameños y $9.3 millones de FCC fueron a parar a la Caja B de Odebrecht, utilizada para pagar sobornos a funcionarios y políticos, a cambio de contratos de obras civiles con el Estado.

Los $73.7 millones corresponden al abono que el gobierno habría hecho por la construcción de la Ciudad de la Salud, otro contrato adjudicado a FCC.

14 imputados

En el caso de la fase II del corredor Vía Brasil, contrato otorgado en 2011, la fiscalía formuló cargos a 14 personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.

Los colaboradores de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio admitieron ante la fiscalía que su jefe Avelino Acero se reunió en 2012 con el entonces titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al período 2009-2014, debían dar una coima del 10% y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos.

En esta investigación también figura el exjefe de proyectos especiales del MOP, Carlos Ho, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía. Igualmente, están imputados Héctor Castillo, María Elena González, León Emilio Halphen y Juan Manuel Vásquez, miembros de la comisión evaluadora que adjudicó el contrato.

Un fallo del Segundo Tribunal de Justicia anuló parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción desde el 24 de octubre de 2019, incluyendo los citados acuerdos de colaboración, suscritos en diciembre de 2019 y enero de 2020.

Asimismo, dejó sin efecto un fallo del Juzgado Undécimo Penal, que en diciembre del año de 2019 declaró este caso como causa compleja.

El fallo anuló las diligencias de la fiscalía a partir de la fecha indicada, con el argumento de que en ese momento se tramitaba ante el Juzgado Decimoquinto Penal una solicitud para acumular dos procesos vinculados con FCC, presentada por el exministro Suárez.

Ante el hecho de que no se dio la causa compleja, la fiscalía adelantó el cierre de la diligencias.

La investigación se inició el 19 de mayo de 2017, luego de que la Contraloría concluyó que en el contrato entre FCC y el Estado hubo un sobreprecio de $41.7 millones. El precio final del proyecto tuvo un valor de $216.3 y el precio razonable, según el informe de la Contraloría, debió ser de $174.5.

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