La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada se encuentra en la fase final de la elaboración de la vista fiscal de la investigación relacionada con el traspaso presuntamente irregular de 52 fincas en el distrito de Donoso y Coclé del Norte.
En este caso, el fiscal Emeldo Márquez formuló cargos 20 personas por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos.
La investigación, que se inició en 2016, dejó al descubierto que particulares y funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) se habrían asociado para inscribir, presuntamente de manera irregular, más de 2 mil 600 hectáreas de tierras protegidas en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Según la fiscalía, las tierras fueron traspasadas a la sociedad Imataca, S.A. y a las fundaciones Reserva Ecoclé y Eco2 Panamá, inscritas por ciudadanos venezolanos con vínculos entre sí.
De acuerdo con las pesquisas, la colaboración de funcionarios de la Anati para agilizar los procesos de titulación fue fundamental. En algunos casos, los trámites demoraron solo tres meses.
Como parte del proceso, el Segundo Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo el pasado 30 de julio que rechazó la calificación de causa compleja, decisión que obliga a la fiscalía a excluir de la investigación por lo menos 13 tomos que contienen diligencias y declaraciones.
La presunta red criminal vinculada en este caso estaba conformada por funcionarios del Registro Público, ciudadanos venezolanos y panameños, de acuerdo con las investigaciones efectuadas por la fiscalía.