La Fiscalía Especial Anticorrupción se prepara para efectuar nuevas diligencias de la investigación sobre el presunto pago de sobornos de la empresa Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC) para que le fuese adjudicado el contrato de la fase II del Corredor Vía Brasil en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
En efecto, fuentes ligadas al proceso confirmaron que la fiscalía analiza información recientemente recibida como parte de una de cinco asistencias judiciales solicitadas a España, Países Bajos, Costa Rica y Suiza. No se precisó cuál de esos países respondió.
De cualquier forma, las fuentes precisaron que a España se le pidió la declaración de un excolaborador de FCC ligado al caso, y a los otros tres países información bancaria de sociedades presuntamente constituidas para lavar dinero.
La fiscalía también espera que el pleno de la Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo presentado contra la decisión del Segundo Tribunal Superior que anuló parcialmente el expediente, incluyendo los acuerdos de colaboración con los excolaboradores de FCC Julio Casla y Eugenio Del Barrio.
Bajo juramento, ambos declararon a la fiscalía que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del Ministerio de Obras Públicas, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado honrara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014 debían “pagar una coima del 10%” y que ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos. Los colaboradores de FCC señalaron que esto también se hizo con otras empresas, como Odebrecht.
Hasta la presente fecha, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo –encargada del expediente– ha formulado cargos a 24 personas por la presunta comisión de varios delitos entre estos, blanqueo de capitales.