La Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria del Ministerio Público (MP) investiga la posible colaboración de funcionarios con la red criminal –recientemente desmantelada– que se dedicaba a falsificar pasaportes y permisos de residencia permanente.
Fuentes ligadas a la investigación explicaron que varios documentos decomisados en allanamientos tienen sellos de las instituciones encargadas de tramitar los pasaportes y permisos de residencia, lo que podría ser un indicio de que hay funcionarios implicados.
La fiscalía también está tras la pista del responsable de la operación.
Durante el operativo realizado el pasado viernes en un apartamento en la Avenida Balboa se encontraron $418 mil, lo que sugiere que la red tenía tiempo funcionando.
Las fuentes también explicaron que en este caso podrían configurarse los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos.
De acuerdo con las pesquisas, los documentos eran elaborados con equipos sofisticados, lo que hacía muy difícil su verificación por personal no entrenado.
En los allanamientos fueron hallados permisos de residencia permanente y pasaportes para ciudadanos de China.
Como parte del proceso, la jueza de garantías Josefa Monfante impuso medidas cautelares de arresto domiciliaria y reporte los días 12 y 28 de cada mes a una extranjera; y de notificación los días 14 y 29 de cada mes, y prohibición de la salida de la provincia de Panamá a un hombre, ambos sospechosos de pertenecer a la red.
La aprehensión de estas dos personas se produjo luego de que funcionarios del Servicio Nacional de Migración detectaron los documentos alterados, tras lo cual se efectuó una operación de vigilancia y seguimiento con la Dirección de Inteligencia Policial y el MP.
Después de la detención de los sospechosos y el decomiso de los documentos, Migración inició un proceso para determinar si los nombres que aparecen en éstos coinciden con su base de datos; ello, a fin de establecer si estas personas gestionaron la legalización de su estatus migratorio.
Mientras, la fiscalía intenta ubicar a quienes recibieron los papeles falsos, con el propósito de establecer cuánto pagaron por estos y el modus operandi de la red.
Según el MP, los implicados en este caso podrían enfrentar penas de más de 10 años de prisión, debido a la multiplicidad de delitos.