La Fiscalía Especial Anticorrupción informó ayer que solicitó el llamamiento a juicio para nueve personas por el caso de la renovación del patrimonio histórico, en la vía Cincuentenario a la altura de Panamá Viejo, obra que estuvo a cargo de Odebrecht durante la administración gubernamental 2009-2014.
En la vista fiscal, el Ministerio Público argumentó que “en la investigación se acreditó que todas las empresas concursantes se pusieron de acuerdo para hacer que la constructora ganara la licitación”.
Según un comunicado del Ministerio Público, también se determinó que la constructora ganadora se encargó de confeccionar el pliego de cargos sobre el que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) basó la licitación. Entre las personas para las que la fiscalía solicitó juicio por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción de funcionarios, figuran Federico José Suárez, exministro del MOP; Jorge Churro Ruiz Sánchez, exdirector de Administración de Contratos del MOP; y el abogado Mauricio Cort.
Según las pesquisas, Cort se habría reunido con los contratistas del MOP para gestionar los pagos ‘ilícitos’. Dentro de la investigación constan declaraciones juradas de Julio Casla y de Eugenio Del Barrio, exdirectivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), en las que describen que su jefe inmediato Avelino Acero se reunió en su momento con Federico Suárez, “quien comunica que para efecto de que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al quinquenio 2009-2014, se debía pagar una coima del 10% y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos que se adjudicaría a empresas grandes, como FCC, Odebrecht y al consorcio Ica-Meco”.
“Fue una imposición que se nos transmitió y que, de no acceder a ello, no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y, a la postre, no podríamos volver a trabajar en Panamá”, declaró Casla.
Casla y Del Barrio agregaron que Heitor Acevedo, de Odebrecht, los reunió en las oficinas de la empresa brasileña en Torre de las Américas, en Punta Pacífica, ciudad de Panamá, “donde realizan la repartición de los proyectos, incluyendo entre estos al que nos ocupa, es decir, Patrimonio Histórico, que fue ejecutado por Odebrecht” (no obstante, el contrato de 2011 de Patrimonio Histórico lo firmó un representante de FCC).
Tanto Casla como Del Barrio contaron que se impartieron instrucciones sobre el giro de los fondos: debían hacerlos a través de la sociedad Arados del Plata, S.A. y la persona designada como “interlocutor” entre el ministro y ellos fue Cort. El proyecto de preservación del patrimonio histórico de la ciudad se licitó en $168.6 millones, pero terminó costando $181.5 millones.