La Fiscalía de Drogas imputó cargos por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y corrupción de funcionario a 25 personas detenidas en la operación Fusión.
Durante la audiencia que se inició el pasado jueves, la juez de garantías Mónica Barrios legalizó la aprehensión de las 25 personas, entre las que se encuentran funcionarios del Servicio de Protección Institucional (SPI), el Ministerio Público (MP), del Servicio Nacional Aeronaval y seguridad privada del Aeropuertos Internacional de Tocumen.
La fiscalía presentó como elementos de convicción al juez una serie de diligencias de seguimiento y vigilancia hachas a miembros de esa red criminal, presuntamente liderada por Fernando Sixto Mendoza, quien ya ha purgado dos condenas por delitos relacionados con drogas.
La investigación, que se extendió por un año y seis meses, logró desarticular una red que enviaba droga a Estados Unidos y Europa, en maletas con droga que salían desde Tocumen con la ayuda de funcionarios.
También la fiscalía presentó como prueba una serie de escuchas telefónicas que revelan la vinculación de los investigados con varios cargamentos de drogas que fueron incautados.
Según la fiscalía, la droga llegaba en lanchas rápidas hasta Farallón y luego se distribuía en pequeños lotes que se transportaban en vehículos con doble fondo hasta la ciudad de Panamá. De ahí se llevaba en maletas pequeñas al aeropuerto para sacarla del país.
