En el cuadragésimo quinto día del juicio al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos ejecutados entre 2012 y 2014 por agentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presentó varias pruebas documentales, entre ellas una certificación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que se establece que nunca se giró una autorización judicial para este tipo de espionajes.
La Sala Penal hizo constar que ni uno de los números telefónicos de las 42 víctimas que figuraban en el listado de “objetivos” del CSN, tiene una orden de interceptación expedida por esa instancia judicial.
El documento, que lleva la firma del magistrado José Ayú Prado, confirma que nunca existió una orden judicial para hacer estas escuchas.
También se aportó un informe del Ministerio Público, elaborado por el entonces fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, en el cual se detalla que esa instancia tampoco solicitó la interceptación de ninguna de las víctimas.
El juicio se reanudará el próximo martes a las 9:00 a.m., en vista de que las juezas Ivette Francois, Jennifer Saavedra y Marysol Osorio acogieron una petición de la defensa para que Martinelli pueda asistir a una cita médica el lunes.
La juezas también levantaron la reserva de la audiencia, que fuera solicitada por el testigo protegido y cuyo testimonio terminó el pasado jueves.
Se informó que los medios de comunicación podrán seguir el desarrollo del juicio desde de una pequeña sala de prensa habilitada para ello.
El martes se tiene previsto que la fiscalía inicie con el interrogatorio de algunas de las víctimas de las escuchas, quienes deberán reconocer ante las juezas los correos electrónicos y conversaciones que fueron supuestamente intervenidos por miembros del CSN.
El equipo de abogados de Martinelli también tendrá la oportunidad de contrainterrogar a las víctimas que cite la fiscalía.
La defensa asegura que las pruebas presentadas son falsas.
Carlos Herrera Delegado, abogado de la víctima y querellante Mitchell Doens, calificó como positiva la presentación del testigo protegido y el hecho de que las pruebas certifiquen que nunca existió una orden judicial para interceptar los teléfonos y correos a dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros.
