Quince personas están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) durante el pasado gobierno.
Recientemente, la fiscalía solicitó una audiencia ante un juez de garantías para imputar cargos a los investigados, pero hasta la fecha la Oficina Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá no ha determinado la fecha de esa diligencia.
La semana pasada se había fijado una audiencia de afectación de derecho con seis personas que no han sido imputadas, pero no se llevó a cabo por una excusa que presentó la defensa.
En el Ministerio Público informaron que mientras se espera la audiencia seguirán realizando diligencias, a fin de recopilar más información que permita determinar con detalles el grado de vinculación de los sospechosos con los hechos que se investigan, además de entrevistas.
Por este caso, el Ministerio Público inspeccionó la sede del Ipacoop y entrevistó a personas que podrían contribuir a esclarecer el caso.
El proceso se inició a partir de una denuncia penal presentada en febrero de 2019 por el entonces contralor general de la República, Federico Humbert.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría al Ipacoop que comprende el período entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, con el propósito de determinar supuestas irregularidades en cobros de salarios por parte de asistentes ejecutivos y asesores nombrados en esa entidad, aunque no iban a trabajar.
La auditoría arrojó una posible lesión al Estado de más de $900 mil. Esto, a raíz de que fueron nombradas personas que tenían dualidad de funciones y funcionarios con cargos que no pudieron justificar su labor.
También había personal asignado a cooperativas privadas, entre otras irregularidades.
Trece de las personas denunciadas presentaron amparos ante la Corte Suprema de Justicia tras conocer la denuncia de la Contraloría. Los recursos van contra la orden de la Contraloría de auditar la planilla de esa entidad.
Los funcionarios atacan la resolución 1459-2018/DINAG, dictada por la Contraloría el 28 de septiembre de 2018, modificada el 19 de diciembre del mismo año.
Jaime Fong Buckridge, abogado de 13 de los 15 investigados, explicó que dicha resolución no fue presentada ni notificada al instituto ni a los funcionarios durante la auditoría, que culminó a finales de 2018.
Los funcionarios también rechazan una nota de la Contraloría fechada el 8 de octubre de 2018, que ordenó al Ipacoop suspender desde la primera quincena de ese mes el pago a 44 funcionarios permanentes. Los amparos no han sido resueltos.