La Fiscalía Especial Anticorrupción tiene seis meses más para investigar si hubo o no irregularidades en el proyecto para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento y financiamiento de la cinta costera, anomalías que implicarían un perjuicio para el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El plazo adicional para el desarrollo de estas sumarias en averiguación fue dado por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales –a cargo de la jueza Baloisa Marquínez– según consta en edicto fechado el 8 de este mes.
De acuerdo con la decisión, una vez agotado este plazo el Ministerio Público debe remitir las sumarias al Órgano Judicial.
El proyecto para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento y financiamiento de las tres fases de la cinta costera fue ejecutado por Odebrecht mediante contratos adjudicados en los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014).
La investigación se inició por separado en enero de 2017 respecto a las fases I y II del proyecto, y en marzo de ese mismo año para lo concerniente a la fase III. Pero el expediente estaba paralizado desde 2018 debido a un recurso presentado por la fiscalía para acumular las tres causas, petición que finalmente fue concedida.
La fase I costó $189.1 millones; la II, $52.6 millones; y la III empezó costando $776.9 millones y terminó en $782.1 millones.
La fiscalía busca determinar si en la ejecución de este proyecto hubo delitos contra la administración pública, entre otros.
Y es que en 2017, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe de auditoría forense sobre la Cinta Costera III que, como se dijo, costó $782.1 millones, cuando el Estado debió haber pagado $675 millones; es decir, que habría un sobreprecio en la obra de $107.1 millones.
Durante el gobierno de Torrijos, el ministro de Obras Públicas fue Benjamín Colamarco y en el quinquenio de Martinelli estuvieron en el MOP Federico Suárez (2009-2012) y Jaime Ford (2012-2014).
Casi cuatro años después de iniciada la instrucción del expediente –que se rige de acuerdo con las reglas del sistema penal inquisitivo–, las investigaciones de la fiscalía no incluyen personas imputadas.
En el Ministerio Público (MP) se iniciaron 28 causas relacionadas con los proyectos que ejecutó la empresa brasileña Odebrecht desde que se instaló en el país en 2006, durante el gobierno de Torrijos.
La Fiscalía Especial Anticorrupción le da trámite a 10 de estos 28 expedientes penales, varios de los cuales están paralizados por recursos interpuestos por el propio Ministerio Público o por abogados defensores.
