La Fiscalía Anticorrupción tomó declaración a tres miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de la investigación que adelanta por el viaje que hicieron integrantes de esa instancia a México en noviembre de 2019, en vísperas de la licitación por $168 millones para la instalación del sistema de suministro y distribución de medicamentos, suspendida después por el Ejecutivo.
De acuerdo con una investigación de La Prensa, los viajeros fueron Miguel Ángel Edwards, Esmeralda Bachanan y José Alba.
Veinte días después de ese viaje, la CSS convocó a la licitación para implementar e integrar los procesos de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos, contrato que se adjudicó al consorcio Salud en Control, integrado por la panameña PMG Logistics Corp. y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A de C.V.
La fiscalía también pidió una asistencia judicial a México para obtener detalles de las reuniones realizadas por los directivos de la CSS.
Las autoridades mexicanas ya acogieron una asistencia internacional remitida por el procurador de la Administración Rigoberto González, quien también investiga este caso.
En abril pasado, en medio de cuestionamientos de la ciudadanía, el presidente Laurentino Cortizo ordenó suspender el contrato. En ese momento, dijo que permanecería suspendido hasta “superar” la crisis de la Covid-19.
El pasado 24 de septiembre, hubo noticias sobre el tema: la Corte Suprema de Justicia resolvió un amparo presentado por el Consorcio Disur & Motion Health Care –que participó de la licitación–, en el que se establece que la Dirección de Contrataciones Públicas violó el proceso al impedirle presentar un reclamo.