Tras los elevados niveles de déficit fiscal y deuda pública de 2020 y 2021 para dar cabida al mayor gasto y a los menores ingresos públicos en medio de una deprimida economía, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que “conforme cobre impulso la reactivación, será importante reforzar la sostenibilidad fiscal y apegarse a la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal”.
Esta norma marca límites al nivel de déficit del sector público no financiero, pero desde su aprobación todas las administraciones han modificado esos techos para acomodarlos a sus necesidades de gasto. La última reforma fue en 2020 y estableció una senda paulatina de reducción de déficit hasta llegar a un 1.5% en 2025. “Observar la regla fiscal garantizará la sostenibilidad de la deuda”, apuntó el FMI.
Aunque el crecimiento del PIB previsto para los próximos años debe ayudar para reducir los niveles de déficit, es probable que se requieran medidas adicionales, tanto en el lado de los ingresos como en los gastos, en forma de priorización y eficiencia.
La caída de los ingresos, el aumento de los gastos y el desplome del PIB se tradujo en 2020 en un sustancial aumento de la deuda pública, que pasó en términos brutos del 46.4% al 69.8% del PIB.
Esta situación no ha pasado inadvertida a la población. En una encuesta elaborada por GAD3 para La Prensa, a la consulta sobre distintos aspectos de la gestión del Gobierno, un 71.5% se mostró en desacuerdo con el aumento del gasto público y de la deuda.
