Disminuir el consumo de azúcar de la población mediante la aprobación de impuestos a las bebidas azucaradas es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el aumento de enfermedades crónicas, como sobrepeso, obesidad, diabetes, males cardiovasculares y cáncer.
Con base en esa sugerencia, Panamá debatió y promulgó la Ley 114 de 18 de noviembre de 2019, que “crea el Plan de Acción para Mejorar la Salud y dicta otras disposiciones para establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y los criterios para su uso”.
A pocos días de que la ley cumpla un año, los pacientes que forman parte de la Federación Nacional de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) claman al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Salud (Minsa) por la entrega de los fondos establecidos en la ley.
La legislación indica que los fondos que se recauden con el impuesto selectivo a las bebidas azucaradas, calculado en $30 millones anuales, deben ser distribuidos de la siguiente manera: 25% para el Instituto Oncológico Nacional (ION), 15% para la creación de las Clínicas del Paciente Diabético y un 35% al propio Minsa. El 25% restante de la partida se divide entre el Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Sin embargo, los miembros de la Fenaeccd desconocen el estatus de esa recaudación, y la fecha en que se distribuirá el dinero entre las entidades beneficiadas.
Ernesto Collins, comisionado por la Fenaeccd y presidente de la Asociación Panameña de Diabéticos (Apadi), explicó que la inquietud surge porque si en diciembre los fondos recaudados no son desembolsados, pasarían al Tesoro Nacional, lo que imposibilitaría que las entidades y pacientes que se atienden en estas instalaciones se beneficien.
Añadió que los pacientes con cáncer del ION y los enfermos de diabetes requieren que se asignen esos recursos para que se mejore su atención médica, la cual se ha visto impactada por la crisis sanitaria generada por la Covid-19, ya que ha originado una saturación en los servicios de salud pública.
“No debemos olvidar que en pandemia las enfermedades crónicas continúan, y que los pacientes necesitan recursos. Vemos cómo al ION no le aprobaron $21 millones en su presupuesto 2021, y cómo los pacientes de diabetes no asegurados, que representan un 20% de la población vulnerable, no cuentan con clínicas adecuadas para su tratamiento, mientras los asegurados de la Caja de Seguro Social sí las tienen”, expresó.
De hecho, la federación envió una carta al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander –que tiene fecha de recibido el 6 de octubre–, en la que le solicitan una cita y el apoyo con el objetivo de que estos fondos puedan llegar de manera expedita a los beneficiarios definidos en la citada ley (ver facsímil). Hasta la fecha no han recibido respuesta.
La misiva lleva la firma de los comisionados de la Fenaeccd Faustina Díaz y Alexander Pineda.
“ Los pacientes con cáncer del ION y los enfermos de diabetes requieren que se asigne ese recurso económico para que se mejore su atención médica, la cual se ha visto impactada por la crisis sanitaria”.
Ernesto Collins, miembro de la Fenaeccd.
Mientras, los miembros no gubernamentales de la Comisión para el Mejoramiento de la Salud –encargada del Plan de Acción para Mejorar la Salud– han sostenido reuniones para buscar una respuesta del Gobierno y que los fondos se asignen antes de que termine este año.
La Comisión está integrada por representantes de los ministerios de Salud, Educación y Comercio, del ION, de la Fenaeccd, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, el Sindicato de Industriales de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá y la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas.
Este medio consultó al departamento de Relaciones Públicas del MEF sobre el tema, y se informó que la Dirección General de Ingresos (DGI) y Aduanas tienen cifras al respecto, que los pacientes solicitaron la información por nota y la DGI está elaborando una respuesta en base a la producción local.
Consultada sobre el tema, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura comunicó que desde la creación de la Ley 114 de noviembre de 2019 se fijó el respectivo impuesto, como lo establece el Artículo 10: “ [...] se pagará a partir de la entrada en vigencia de la modificación de dicho articulo; para el resto de las bebidas azucaradas, a partir del período fiscal siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley”.